Un oficial y siete soldados que enfrentan medidas disciplinarias en el Ejército por su participación en el asesinato de 22 personas en en el municipio de Tlatlaya, estado de México, pertenecen a un batallón con historial de incidentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que los ocho estuvieron involucrados en el incidente del pasado 30 de junio en San Pedro Limón, que los militares reportaron inicialmente como enfrentamiento, pero que una testigo ha descrito como masacre.

Pertenecen al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, ubicada en el estado de México, de acuerdo con reportes noticiosos y dos personas que hablaron sobre el caso a condición de guardar el anonimato, porque carecen de autorización para hacer declaraciones a la prensa.

El grupo militar se encuentra en San Miguel Ixtapan, en el suroeste de la entidad, aproximadamente a una hora en automóvil de donde ocurrieron los homicidios. Se dice que el área está bajo control del cártel de La familia, aunque también es una región en la que grupos rivales del narcotráfico han estado disputándose territorio.

El batallón estuvo en las noticias en diciembre pasado, cuando algunos de sus integrantes balearon a cuatro empleados del pueblo de Arcelia, en el cercano estado de Guerrero, incluido el director y el subdirector de transporte municipal, mientras conducían en un camino rural de regreso de un campo de tiro. Arcelia también es el pueblo natal de varios de los asesinados en el tiroteo de junio.

Reportes de prensa indicaron que los empleados, que portaban fusiles y vestían ropa de camuflaje para cazar, fueron confundidos con delincuentes. Un sargento, un cabo y dos soldados fueron arrestados.

El 102 también estuvo bajo los reflectores en febrero de 2012. El periódico Reforma, que citó documentos legales, reportó en esa época que durante 2010 y hasta principios de 2011, soldados del batallón recibieron dinero para que informaran a La familia de las operaciones de ese cuerpo militar. Seis elementos, incluidos dos oficiales, fueron acusados formalmente.

El incidente del pasado 30 de junio fue reportado como una balacera en la que 22 presuntos delincuentes fueron asesinados y un soldado resultó herido. La versión oficial fue puesta en tela de juicio cuando The Associated Press (Ap) visitó el sitio pocos días después y no halló indicios de que hubiera habido una batalla prolongada.

La semana pasada, una mujer que dice haber sido testigo de los eventos dijo a la agencia que sólo una persona murió en un enfrentamiento inicial y que el resto fueron baleadas después de que se rindieron. La testigo indicó que entre los muertos estaba su hija de 15 años, Erika Gómez González, quien había sido herida en una pierna y yacía en el piso cuando fue asesinada.

El periódico La Jornada publicó el viernes pasado fotografías que muestran cadáveres ensangrentados, presuntamente tomadas inmediatamente después de la balacera, con investigadores y personal militar aún en el lugar.

Las manchas de sangre en el muro de ladrillo de concreto, los marcadores colocados por los investigadores para señalar las evidencias y los escombros que aparecen en las fotografías son iguales a los que los periodistas de Ap fotografiaron días después de que el Ejército reportó los fallecimientos.

Entre los muertos que figuran en las fotos está una niña que yace de espaldas, tal como la describió la testigo. El hermano de Erika Gómez la identificó en la imagen –que la muestra en el suelo junto a un fusil de asalto– por su ropa, la cual está ensangrentada y cubierta de lodo.

Muchos de los muertos aparecen acostados junto a la pared de la bodega. Todos se ven con un fusil de asalto a su lado o tomados de las manos, y algunos de los fusiles parecen haber sido apuntalados contra los cuerpos. La mayoría tienen lodo en las rodillas, lo que indica que podrían haber estado hincados o con el rostro boca abajo.

Ap no va a distribuir las fotografías porque no puede determinar cuál es su fuente.

Un sobre amarillo que contenía las fotos dentro de una memoria USB fue enviado en forma anónima el miércoles a MVT, una agencia noticiosa del estado de México, dijo su director, Mario Vázquez. Indicó que comparó las fotos con las que su agencia tomó el día del tiroteo y llegó a la conclusión de que se trataba del mismo lugar.

El oficial y siete soldados enfrentan medidas disciplinarias por su participación, pero el Ejército ha guardado silencio sobre qué papeles desempeñaron. Están detenidos en una cárcel de la ciudad de México por crímenes contra la disciplina castrense, desobediencia y negligencia en el cumplimiento del deber.