Al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo, no se le detuvo a tiempo. Desde junio de 2013 hay denuncias contra él por su responsabilidad directa en el asesinato de tres dirigentes de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPEZ), y ninguna autoridad estatal o federal intervino para someterlo a la justicia. Mucho menos su partido, el PRD.

Hoy se vive con violencia inusitada la consecuencia de esa impunidad. La brutalidad que se desplegó en la masacre de estudiantes de Ayotzinapa es el resultado de haberlo dejado suelto. Esto pasó por no habernos hecho caso a tiempo. Lo advertimos. El alcalde es un asesino, pero nadie le marcó el alto. Y volvió a matar, señaló en entrevista Sofía Mendoza, viuda del agrarista Arturo Hernández Abarca, secuestrado, torturado y ejecutado en mayo del año pasado junto con dos compañeros más, Ángel Román y Rafael Bandera.

Un sobreviviente de la agresión, Nicolás Mendoza, ha declarado ministerialmente ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), ya que al alcalde se le atribuyen desde antes vínculos con el crimen organizado.

En las declaraciones que constan en los expedientes PGJ HID/FC/01/769/2013 de la justicia estatal y PGR/SEIDO/BEDMF/439/2014 del fuero federal, se ratifica lo que Mendoza había afirmado desde el inicio, en una declaración levantada ante un notario público en el Distrito Federal, en junio de 2013: que José Luis Abarca ordenó la ejecución de los tres y que él personalmente disparó contra Hernández Cardona.

La vulnerabilidad de Sofía Mendoza es extrema. Ella es la única regidora del ayuntamiento de Iguala que se atrevía a disentir de frente al presidente municipal. Y no sólo eso: lo señalaba como autor material de la muerte de su esposo. Perredista como Hernández Carmona, como el edil, como el mismo gobernador de Guerrero, la funcionaria fue aislada del aparato del partido. Los demás regidores también le dieron la espalda.

Siempre estuve sola, a merced de lo que quisieran hacerme. Nadie me apoyó. Ni René Bejarano, que era de la corriente dentro del PRD a la que pertenecía mi esposo. Varias veces acudí a él. Salía a dar declaraciones públicas, puede que hasta fuera sincero cuando decía que le dolía su muerte. Pero en concreto nunca hizo nada.

Los únicos apoyos con lo que contó Sofía fueron la Red Solidaria y el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien en enero de este año llevó el caso de Arturo Carmona y sus compañeros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Para ella, además de la aparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala la semana pasada, este también es un momento clave para el esclarecimiento de la muerte de los tres líderes de la UPEZ. Y considera que la huida de Abarca y sus colaboradores más cercanos no es fortuita. “No dudo que detrás de su fuga esté la mano de Ángel Aguirre. Ahora lo que tienen que hacer es encontrarlo, detenerlo y procesarlo, no sólo por los crímenes contra los muchachos normalistas sino también por la ejecución de mi esposo”.

Arturo Hernández Cardona, ingeniero agrónomo, asesor agropecuario, fundador del PRD local como parte del grupo bejaranista Izquierda Democrática Nacional (IDN), fue secuestrado junto con siete compañeros de la organización el 30 de mayo de 2013, después de un bloqueo de la caseta de entrada a la ciudad de Iguala, donde reclamaban la entrega de fertilizantes. Un día antes, durante una audiencia, el alcalde Abarca lo había amenazado: Dejen de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajito.

Cuatro de los secuestrados salieron vivos; los otros tres aparecieron en el servicio forense de la ciudad, sin que nadie explicara cómo habían llegado ahí. De los sobrevivientes, sólo uno, Nicolás Mendoza Villa, ha permanecido en Iguala, amenazado y protegido por fuertes medidas cautelares.