La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó ayer instalar este martes el grupo de trabajo que dará seguimiento a las investigaciones sobre la presunta ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio pasado.

El coordinador perredista, Miguel Alonso Raya, informó que el grupo será presidido por su compañera de bancada Elena Tapia Fonllem, quien horas antes cuestionó el retraso en la instalación del equipo de legisladores.

No admitimos que las afectaciones a diversos derechos reciban un trato diferenciado según la filiación partidista e institucional de sus presuntos responsables, pues los hechos de violencia son generalizados y exigen la actuación firme de todas las partes del Estado mexicano, expresó la legisladora.

Reparación del daño

Lo anterior, resaltó, porque las comisiones especiales para investigar el derrame de desechos tóxicos por Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, y el asesinato y la desaparición de normalistas en Iguala, Guerrero, han merecido rápida respuesta de otras fuerzas políticas.

Violaciones a derechos humanos como las ocurridas en Tlatlaya han significado señalamientos de los principales órganos interamericanos y de Naciones Unidas, así como de grupos de la sociedad civil. Por ello es nuestro deber coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, en la búsqueda de justicia y en la reparación integral del daño, agregó la legisladora.

Alonso Raya informó que en la reunión de ayer la junta recibió la propuesta del Partido del Trabajo (PT) para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que integre una fiscalía para investigar la agresión armada contra normalistas de Ayotzinapa. La junta, agregó, decidió abordar la solicitud en su sesión de mañana.

La vicecoordinadora del PT, Lilia Aguilar Gil, informó que la comisión especial que indaga la represión a estudiantes se reunirá hoy con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva. Alonso Raya refirió que esa junta definirá con el ombudsman una fecha específica para su comparecencia ante comisiones, luego de que éste se ha negado a acudir a dos citas previas.