Toluca, Méx., 13 de octubre.

El general de brigada José Luis Sánchez León dejó de ser comandante de la 22 Zona Militar, con sede en Rayón, estado de México, luego del escándalo que se suscitó por la masacre del pasado 30 de junio, cuando soldados de esta región castrense abatieron a 22 presuntos delincuentes en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.

En su lugar fue designado el general de brigada José Ricardo Bárcena Rocile, quien era subjefe administrativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La sustitución ocurrió la semana pasada, pero fue hasta este lunes cuando se hizo público el cambio, pues Sánchez León no acudió a la reunión que cada siete días sostienen autoridades mexiquenses y federales en Toluca para coordinar las tareas de combate al crimen organizado en la entidad mexiquense.

Como comandante de la 22 Zona Militar, Sánchez León dio el aval para que se emitiera el comunicado la tarde del pasado 30 de junio por los hechos de Tlatlaya, en el cual se consignaba que 22 personas habían fallecido en un enfrentamiento con efectivos castrenses.

De acuerdo con ese comunicado, ‘‘aproximadamente a las 5:30 horas, en inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, personal militar, al realizar reconocimientos terrestres, ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión.

“En este evento se liberó a tres mujeres, quienes manifestaron estar secuestradas, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes en calidad de presentadas; asimismo, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación el armamento y las municiones aseguradas.”

Luego, algunas investigaciones periodísticas de la agencia Ap y de la revista Esquire revelaron que las personas abatidas por los soldados no habrían muerto en un enfrentamiento, sino que se trató de una ejecución extrajudicial.

Los reportajes publicados obligaron a la Sedena y al gobierno federal a investigar los hechos, a partir de lo cual se pudo confirmar que los soldados que participaron en esa acción cometieron abusos y violaron protocolos de actuación.

En un principio fueron detenidos y remitidos a una prisión en el Campo Militar número uno un oficial y siete soldados de tropa, a quienes la Procuraduría de Justicia Militar imputó delitos en contra de la disciplina (castrense), desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.

Cuando aún era comandante de esa zona militar, Sánchez León se negó en un par de ocasiones, cuando asistió a actos públicos con el gobernador Eruviel Ávila, a responder preguntas de los reporteros sobre los hechos de Tlatlaya.