La situación medioambiental en la zona centro del país ha llegado a niveles críticos debido a la proliferación de megaproyectos, como presas, minas, plantas hidroeléctricas, carreteras y parques industriales que contaminan el aire, el agua y la tierra, en medio de la inacción de las autoridades supuestamente encargadas de proteger el entorno ecológico.

Así lo denunciaron las organizaciones participantes en el foro Devastación ambiental y resistencia popular en el centro de México, celebrado del 10 al 12 de octubre en Tula, Hidalgo, y cuyos resultados serán debatidos el próximo mes en una audiencia final sobre el tema, como parte de las actividades del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Octavio Rosas Landa, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, detalló que el caso del valle del Mezquital y la región de Tula-Tepeji es uno de los más representativos de este fenómeno, porque ahí confluyen una refinería, una planta termoeléctrica, un parque industrial y las aguas negras del Distrito Federal, que afectan de manera directa a por lo menos 625 mil personas de 17 municipios.

Situación catastrófica para decenas de comunidades

Además de este ejemplo, se documentaron muchos otros relacionados con los abusos que provocan diversos proyectos de carreteras, minas y presas, que han generado un total de 130 conflictos sociales.

Todos estos casos, indicó por su parte la abogada Natalia Pérez, conforman una situación catastrófica para la salud, la economía e incluso el patrimonio cultural de decenas de comunidades del centro del país, pero también del norte y el sur.

La contaminación que generan los desechos de las 115 empresas petroquímicas y cementeras que vierten sus desechos en los ríos de Hidalgo y el estado de México, por ejemplo, han provocado una crisis inédita de disponibilidad de agua, además del surgimiento atípico de mutaciones genéticas, cáncer y otras enfermedades degenerativas.

Francisco Chew, de la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos del estado de Hidalgo, subrayó que en esta zona del país se concentran todos los elementos negativos del modelo de desarrollo propio del neoliberalismo, cuya aplicación se facilitará aún más cuando empiecen a aplicarse las reformas estructurales promovidas por el actual gobierno.

Raymundo Espinosa, del Colectivo de Abogados, llamó a entender las nuevas figuras jurídicas que permiten el despojo por parte de las empresas trasnacionales para diseñar también nuevas estrategias para resistir, ganar tiempo y obstaculizar lo más posible los megaproyectos.