Entre 50 y 60 por ciento de los 100 mil contratos colectivos de trabajo registrados ante la Junta Local y Conciliación de Arbitraje (JLCA) son de protección patronal, que si bien no están al margen de la ley, sí van en detrimento de los intereses de los trabajadores, aseguró ayer la titular de ese organismo, Darlene Rojas.

Durante una entrevista realizada en el contexto del seminario Transparencia en las Relaciones Laborales, la funcionaria se pronunció en favor de poner un freno a esa situación mediante la concientización a los trabajadores y el apoyo a sindicatos reales y democráticos, pues ese tipo de convenios laborales van a contracorriente de la política laboral que impulsa el Gobierno del Distrito Federal.

Destacó que si bien la totalidad de los contratos en la JLCA cumplen con los términos y requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), en muchas ocasiones los trabajadores ni siquiera saben a qué sindicato están afiliados ni cuáles son las condiciones bajo las cuales los están contratando, y todo se arregla entre la parte patronal y los líderes de una organización sindical, de manera tal que se está beneficiando a los patrones en lugar de hacerlo para el total de los trabajadores de una empresa.

Recordó que durante la discusión de la reforma laboral de noviembre de 2012 se buscó incluir en las modificaciones a la LFT algunos candados para evitar esos contratos de protección patronal, pero no se logró el cometido.

Darlene Rojas precisó que algunos patrones ya se están dando cuenta de que eso va en contra no sólo de los trabajadores, sino también de sus intereses, pues los líderes sindicales con los que negocian un contrato de ese tipo llegan a incrementarles las cuotas que les exigen para dejarlos en paz, por lo que, los propios dueños de empresas buscan que los trabajadores se organicen para que tengan un sindicato real y puedan disminuir esas cuotas, que muchas de las veces ya no pueden pagar, es decir, estamos hablando de un delito, el de extorsión.

Ante tales situaciones, dijo la presidenta de la JLCA, lo mejor es que los patrones denuncien el hecho, y detalló que para ello se estableció recientemente un convenio con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, para poder actuar ante esos ilícitos de carácter penal.

Señaló que cuando se llega a esos escenarios de extorsión, el modus operandi es que sin mediar estallamiento de huelga gente ligada o no al sindicato llega a la empresa, le paran de facto las actividades y con la amenaza de que si no entrega cierta cantidad no van a poder reanudar sus actividades, el patrón se ve en la obligación de entregar el dinero para no ver afectados sus procesos de producción o actividades.

Por último, detalló que la JLCA lleva a cabo foros, seminarios y pláticas para activar más a los sindicatos democráticos y a los propios trabajadores, para que conozcan sus contratos colectivos de trabajo, sepan con qué sindicato están afiliados, y así pueden hacer exigibles sus derechos conforme a la LFT.