La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) empezó entre el 23 de agosto y el 15 de octubre pasados al menos 43 averiguaciones previas en contra de personal de bancos, empresas de telefonía, sofomes y sofoles acusado de incurrir en actos de cobranza abusiva, informaron fuentes ministeriales. El pasado 23 de agosto entró en vigor el artículo 209 bis del Código Penal del Distrito Federal, que sanciona hasta con dos años de cárcel a quien utilice medios ilícitos e ilegítimos, se valga del engaño o efectúe actos de hostigamiento e intimidación para cobrar deudas, ya sea al deudor originario o a las personas que fungen como avales o referencias. En respuesta, bancos como Santander, BBVA-Bancomer, Banamex y Autofin, además de algunas sofomes, entre ellas Sólida Administradora de Portafolios, interpusieron demandas de amparo para buscar demostrar la supuesta inconstitucionalidad de dicho artículo. Según las fuentes, las conductas señaladas como delito en varias de las denuncias se refieren a presuntos actos de intimidación por agentes de cobranza que realizan llamadas a clientes morosos y a deudores que apenas llegan a tener uno o dos días de retraso en sus pagos.