os derrames tóxicos de la industria extractiva recorren la geografía mexicana, y los pocos que se llegan a conocer y denunciar se arreglan con microscópicas multas respecto al enorme daño provocado, rápidas remediaciones a modo de los responsables y una altísima dosis de olvido, pero nunca con la cancelación de las concesiones otorgadas por el gobierno federal.

Cómo estarán las cosas y de qué tamaño es el daño acumulado, que hasta la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se ha visto en la penosa necesidad de reconocer que en los últimos cuatro años se han registrado 230 derrames tóxicos –incluidos los de Pemex y el más reciente en una mina de Sinaloa– en 20 estados de la República, para un promedio de un accidente por semana en el periodo citado.

Uno cada siete días, y en ninguno de los casos la autoridad hizo el intento de cancelar la concesión federal, ni siquiera en el que la propia Semarnat (cuyo titular pertenece al PVEM, empresa política que se autodenomina ecológica) calificó como el peor desastre ambiental en la industria minera del país, esto es, el ecocidio provocado por Germán Larrea y su Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, atentado que se resolvió a favor del empresario con micro multas, fideicomisos y elevadísimas dosis de olvido.

De qué tamaño será la amnesia oficial, que desde 2009 la Profepa detectó que el suelo de los jales mineros de la unidad Taxco que explotaba Minera México (de Germán Larrea) están contaminados de arsénico, plomo, cadmio y vanadio. Sugiere en el estudio aplicado al suelo de jales abandonados en 2009, 30 meses después de estallar la huelga de los mineros de la sección 17, que la Comisión Nacional del Agua analice los niveles de contaminantes en los caudales de agua. Ese dictamen se identifica con el oficio PFPA/3.1/2C.26.1/00011-09 (eso en pleno gobierno calderonista, con Patricio Patrón Laviada en la Profepa, y Juan Rafael Elvira Quesada en la Semarnat; ver México SA del 29 de septiembre de 2014).

Cinco años después de tal denuncia, nadie ha movido un dedo para intentar limpiar la zona ni presentado una demanda formal en contra de Grupo México, y mucho menos cancelado la concesión federal, no obstante que la propia ley advierte que tras dos años de inactividad total, dicha concesión se cancela prácticamente en automático. Y el corporativo de Larrea acumula siete años sin dar golpe en Taxco, con el derrame tóxico a flor de tierra y el ecosistema destrozado.

Tocó a Sinaloa sufrir el accidente número 230 en cuatro años. Como puntualmente reportó La Jornada (Irene Sánchez y Javier Valdez) “10 mil 800 toneladas de material tóxico de la mina Dos Señores –propiedad del grupo Cam Cab SA de CV, de capital mexicano– se filtraron al arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, en el municipio de Concordia, y obligaron a las autoridades estatales y federales a disponer medidas de emergencia y evitar que los residuos contaminen el agua y afecten a los habitantes de la región. El presidente municipal explicó que todas las poblaciones fueron advertidas para no consumir ni utilizar el agua de los ríos y arroyos en tanto no se tengan los estudios de la Conagua”.

Sin embargo, más tardó en conocerse el derrame tóxico y el daño resultante que el gobernador sinaloense, Mario López Valdez, en agarrar el micrófono para descartar riesgos para la población de Concordia porque, según él, fue más de lodo y polvos, y el diagnóstico que hay es que el problema no tendrá un impacto negativo ni es tan delicado, como pasó en Sonora. Y lo dijo no en el lugar de los hechos (220 kilómetros distante de la capital sinaloense), sino, cómodamente, durante la entrega de reconocimientos a medallistas de la Olimpiada y Paraolimpiada Nacional, que se realizó en Culiacán.

Veinticuatro horas después de tan atinada declaración, se informó (Irene Sánchez y Javier Valdez) que importantes zonas de Concordia y Escuinapa se quedaron sin agua potable debido al derrame de 10 mil 800 toneladas de sustancias tóxicas provenientes de la planta de tratamiento de metales Santa Rosa, de la mina Dos Señores, en el arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, el cual abastece líquido a comunidades de esos municipios. La alerta de protección civil y los comisarios continúa hacia las poblaciones rurales para que no beban el líquido, no se bañen ni abreven al ganado. Mientras, se continuará repartiendo agua en tres pipas.

La información de los corresponsales indica que la mina Dos Señores forma parte de la empresa Cam Cab SA de CV, propiedad del empresario local Alejandro Garay, minero en pequeño oriundo de Concordia. Fuentes extraoficiales señalaron que no está vinculado con grupos poderosos nacionales del ámbito minero o político. Información de la Profepa indica que cuenta con 40 trabajadores, tiene capacidad de producción de 230 toneladas diarias de molienda. Se trata de la misma empresa que el pasado 24 de septiembre fue multada con 54 mil 203 pesos luego de una inspección sobre el impacto ambiental de sus operaciones.

Para redondear, el titular de la Profepa recordó que en el país existen mil 252 minas legalmente establecidas; de acuerdo con las cifras con que cuenta la dependencia, una de cada 20 tiene un riesgo potencial, lo que significa que existen 62 minas en el país que se vigilan permanentemente (La Jornada, Angélica Enciso). El problema es que la información de la Presidencia de la República detalla que al cierre de junio pasado existían 3 mil 34 sociedades mineras inscritas en el Registro Público de Minería (40 por ciento extranjeras), esto es, 2.4 tantos más que las reconocidas por la citada procuraduría.

De ese universo sólo supervisan permanentemente a 62, de tal suerte que la prevención no es el fuerte de la autoridad ambiental. Y a todo esto, ¿dónde quedó la nueva ley minera anunciada en el Pacto por México? Pues en el mismo basurero en el que se depositó el compromiso de la refinería Bicentenario.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría, sobre los dinosaurios cetemistas: el pasado jueves en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se registraron serios brotes de violencia y cierre de instalaciones por más de tres horas, en otro episodio del mal manejo de su actual presidente, Diódoro Siller, a quien sostiene ahí el actual oficial mayor de la Secretaría del Trabajo, Manuel Cadena, ex dirigente de la CTM y secretario general de gobierno en el estado de México con Arturo Montiel. ¿Nadie tomará cartas en el asunto?

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