Morelia, Mich., 21 de octubre.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, anunció que se creará la Fuerza Indígena, como una policía designada bajo el principio de usos y costumbres, para que se garantice que los elementos de seguridad sean oriundos del municipio donde realizan sus labores.

Después de que el padre Gregorio López Gerónimo, integrante de la diócesis de Apatzingán, declaró que la Fuerza Rural está infiltrada por la delincuencia, por lo que debía abandonar la región de Tierra Caliente, el jefe policiaco manifestó que la secretaría a su cargo mantiene una evaluación permanente de los elementos de seguridad.

Descartó cualquier escenario de enfrentamiento entre los integrantes de la Fuerza Rural, como lo han previsto varios alcaldes de esa región, ya que la propia policía tiene diferentes mandos en Tierra Caliente, Uruapan y Tancítaro y se mueven constantemente.

Descartan choques contra otros grupos de seguridad

Castellanos Becerra señaló que, en el caso de Uruapan, la dependencia estatal trabaja en la conformación de la Fuerza Indígena, que cubrirá la zona purépecha.

Castellanos Becerra emplazó al Padre Goyo a presentar su demanda ante las instancias correspondientes, luego de que denunció el lunes en una entrevista en Apatzingán, que aún prevalece el fenómeno de la extorsión y el cobro de piso en ese municipio.

El sacerdote se sumó a las voces de que la policía denominada Fuerza Rural debe desaparecer porque se encuentra contaminada por la delincuencia organizada, de ahí que el comisionado Alfredo Castillo debe llevar a cabo una depuración, porque no está funcionando.

Mientras tanto, Castillo Cervantes calificó el delito de extorsión como la esclavitud del siglo XXI, ya que consiste en quitar el producto del trabajo diario a las familias. No obstante insistió en que en la entidad hay grandes avances en seguridad.

La extorsión en el estado era un lastre que se venía arrastrando desde hace años y que ahora hemos combatido con todo el apoyo de la ciudadanía que se ha acercado a la Procuraduría de Justicia a denunciar, afirmó el funcionario federal, quien se reunió con centenares de transportistas, donde destruyó las calcomanías de los trabajadores del volante que los señalaban como víctimas de extorsión por parte de la delincuencia organizada.