La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que ocho elementos del Ejército asesinaron al menos a 15 de las 22 personas que perdieron la vida en los hechos de violencia ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, estado de México, entre ellas dos menores de edad, por lo que emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno mexiquense.

En conferencia de prensa, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, explicó que tras realizar una indagatoria sobre el caso logró comprobarse que, si bien ocurrió un enfrentamiento entre los uniformados y una veintena de presuntos delincuentes, después los militares privaron ilegalmente de la vida a varios sospechosos cuando éstos ya se habían rendido.

La indagatoria del organismo a su cargo, señaló Plascencia, enfrentó diversos obstáculos, entre ellos que se había construido la versión oficial de que todas las personas fallecieron durante un enfrentamiento, se alteró la escena de los hechos y se omitió tomar la declaración de dos mujeres que sobrevivieron a este incidente, quienes hoy se encuentran recluidas en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

De acuerdo con la indagación de la CNDH, es incontrovertible que la madrugada del 30 de junio un grupo de soldados se enfrentó a tiros, por espacio de 10 minutos, con presuntos miembros de un grupo delincuencial que custodiaban una bodega ubicada en San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya.

Sin embargo, señala, luego de repeler la agresión inicial y de someter a los supuestos criminales, los soldados privaron ilegalmente de la vida al menos a 15 de ellos, entre quienes se encontraban dos menores de edad.

En el caso del resto de los fallecidos –22 en total–, se presume que murieron en el intercambio inicial de disparos.

Por todo lo anterior, la CNDH dio a conocer una recomendación en la que pide al Ejército que repare el daño a las víctimas, incluida una indemnización a sus familiares; dé atención médica y sicológica a las mujeres que sobrevivieron y capacite a sus elementos para la correcta aplicación de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

A la PGR y al gobierno mexiquense les pide acelerar las investigaciones sobre el tema para seguir deslindando responsabilidades y capacitar a las autoridades encargadas de indagar en estos casos.

Por otra parte, indicó que si el gobierno de Guerrero hubiera atendido la recomendación que emitió la CNDH hace varios meses sobre los vínculos entre servidores públicos y la delincuencia organizada en dicho estado, se hubiera podido evitar la comisión de otros crímenes, como el asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43.

Ni político ratero ni narco

En relación con la posibilidad de que sea relecto al frente de la CNDH, Plascencia Villanueva manifestó que decidiría este asunto hoy con su familia, pues siente que su integridad y la de sus seres queridos está en riesgo luego de que se publicó que tiene una casa con valor de 20 millones de pesos, lo cual, aseguró, es falso. No soy un político ratero ni narcotraficante; soy una persona de trabajo, subrayó.