Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró ante cientos de magistrados de tribunales en materia administrativa que el control difuso de la Constitución forma parte del cambio del sistema jurídico mexicano a raíz de la reforma en materia de derechos humanos, y que ello permite que todos los encargados de impartir justicia puedan valorar si una norma debe aplicarse en favor de una persona. Al clausurar el Congreso Internacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, recomendó a los encargados de tribunales administrativos que no dediquen su tiempo a resolver si una ley es o no constitucional, porque ello corresponde a otro tipo de impartidores de justicia.