Ecatepec, Méx., 27 octubre.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) calificó de farsa la reunión pública de información sobre la manifestación de impacto ambiental (MIA) del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, en la cual los principales cuestionamientos de ciudadanos y expertos fueron sobre el hundimiento del suelo, la reubicación de aves, la falta de información arqueológica y el impacto social.

Pese a la trascendencia del proyecto, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, que se pretende sea uno de los tres aeropuertos más grandes del mundo, la asistencia fue de apenas 580 personas, de las cuales, al final, quedaron unas 200. Sólo fueron académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach) y del Colegio de Posgraduados. Ni siquiera hubo funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además, la consulta sólo se divulgó en la Gaceta Ecológica y en un diario local. Fueron presentadas únicamente 21 ponencias –el límite eran 30–, que parecieron no tener eco, ya que José Antonio Ortega, director de Especialistas Ambientales, consultoría que hizo la MIA, ni siquiera tomó notas.

Asistieron unas dos decenas de integrantes del FPDT, entre ellos Ignacio del Valle, Damián Camacho, María Trinidad Ramírez, David Pájaro y Martha Pérez, así como unas 70 personas del grupo priísta Atenco y Paz. Además, representantes de organizaciones ambientalistas y funcionarios locales.

Aunque la convocatoria señalaba que no se aceptarían gritos ni silbidos, la moderadora permitió expresiones de ese tipo cuando expertos ligados al Frente de Pueblos cuestionaron planteamientos de la MIA. Patricia Muñoz, de la Uach, se refirió al argumento de Ortega, de que se reubicará a las aves en nuevos cuerpos de agua que sustituirán a los actuales, y preguntó cómo se hará eso y si les mandarían la nueva dirección. La respuesta inmediata fueron abucheos del grupo contrario al frente.

El consultor José Antonio Ortega, al principio de la reunión, hizo una presentación del proyecto, en la cual reconoció que la zona tiene un hundimiento de cerca de 30 centímetros al año, pero el actual aeropuerto ya se hundió nueve metros. Aseguró que ello se resolverá con obras de ingeniería que ya son evaluadas, con el objetivo de que el hundimiento sea parejo.

Luis Morett Alatorre, también de la Uach, sostuvo en su presentación que en el sitio donde se prevé la construcción de las tres pistas, en un estudio de campo de 2003, encontró mil 100 puntos (en 25 kilómetros cuadrados) con restos de materiales arqueológicos, pero, subrayó, la MIA, que retoma datos subestimados del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reporta 28 sitios y 270 puntos.

Ante ello planteó que los trabajos deberían suspenderse hasta que se hagan la investigación arqueológica de manera integral. Deben realizarse de forma autónoma y colegiada, como un auténtico programa de investigaron regional.

Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, dijo que funcionarios han declarado que ya comenzaron las obras, lo cual sería ilegal, porque la MIA aún no se autoriza. Propuso solicitar la opinión de Protección Civil para conocer si hay riesgos por la cercanía con los volcanes y el tipo de suelo.

El FPDT al final hizo un pronunciamiento, en el cual cuestionó que la Semarnat sea juez y parte. Además, que la consulta no se realice como establece la Suprema Corte: que sea libre, previa e informada, y propuso un debate público. Ignacio del Valle sostuvo que si hay imparcialidad en la evaluación, el aeropuerto no va, por el impacto que tendrá.