La sociedad financiera Ficrea, intervenida el viernes pasado por autoridades financieras y judiciales, incurrió en prácticas que pusieron a prueba todo el sistema de prevención de lavado de dinero, aseguró Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La investigación que busca determinar si ese intermediario incurrió en prácticas de blanqueo de capitales se centran sobre todo en las operaciones de crédito, y no en las que realizó para captar ahorro del público –al que ofrecía tasas de interés superiores al mercado en algunos productos–, dijo. Añadió que el Ministerio Público Federal determinará el grado de responsabilidad, si la hubiere, de los miembros del consejo de administración, de los directivos y de todos los empleados.

El viernes pasado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda intervinieron gerencialmente Ficrea. La decisión fue resultado de una investigación que empezó en marzo, a partir de una visita de supervisión de la CNBV, el supervisor del sistema financiero. Este organismo encontró que 98 de cada 100 pesos de préstamos que otorgaba Ficrea eran triangulados con una compañía llamada Leadman Trade, que no contaba con licencia como comisionista, lo que va en contra de la regulación. En ambas, los propietarios eran los mismos. La CNBV denunció la situación a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda la que, a su vez, lo hizo a la PGR, que investiga posible lavado de dinero.

Este tipo de hechos pone a prueba no nada más nuestro marco normativo, sino nuestro sistema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, aseguró Elías Beltrán en entrevista con La Jornada. Es una prueba que va más allá del marco institucional, porque también pone a prueba nuestra capacidad de cooperación interinstitucional, entre diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados con la PGR, como principales actores en el sistema de prevención y combate al lavado de dinero. Y el resultado es satisfactorio, la prueba fue satisfactoria, dijo.

–La CNBV encontró que 98 por ciento de los créditos que otorgaba Ficrea eran concedidos y pagados a través de la empresa Leadman Trade, ambas relacionadas con los mismos accionistas. ¿Esto fue lo que investigó la Unidad de Inteligencia Financiera?

–Es correcto. La CNBV detectó que 98 por ciento de créditos que otorga Ficrea son través de una empresa que no está autorizada como comisionista. Eso contraviene la ley de ahorro y crédito popular –que regula las sociedades financieras populares, como Ficrea. Como Leadman tampoco es entidad financiera, la CNBV se ve imposibilitada para determinar el origen de los recursos que presta Ficrea y que provienen de Leadman, y tampoco puede determinar el origen del recurso que ingresa a Ficrea porque también provienen de Leadman. Esa situación ya no podía verla la CNBV, pero es distinto para la Unidad de Inteligencia Financiera, que con la información que obra en sus bases de datos, derivada de reportes de las entidades financieras, puede allegarse mayores elementos para determinar que es necesaria la investigación de la PGR del delito de lavado de dinero.

Con los nuevos elementos que se tienen de la Unidad de Inteligencia Financiera, como los reportes de las entidades financieras, entre ellos los de las llamadas operaciones vulnerables no financieras, se pudo allegar de información útil, que permitió en un plazo muy corto y razonable presentar denuncia a la PGR, la que consideró que tenía elementos suficientes para hacer el aseguramiento de las empresas, dice.

Ficrea realizaba operaciones de crédito, que son las investigadas por posible lavado de dinero, pero también de captación de ahorro del público, al que ofrecía rendimientos por arriba del mercado, según información pública de la empresa antes de ser intervenida. Por ejemplo, para un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, con una inversión de entre 50 mil y 99 mil 999 pesos a plazo de 180 días ofrecía una tasa de interés de 6.66 por ciento, alrededor de una y media veces la inflación anual. Si la inversión escalaba a 5 millones de pesos en adelante, el rendimiento garantizado era de 9.20 por ciento anual, más de dos veces la inflación anual.

En principio, el tema por el que se está interviniendo de manera gerencial corresponde a la triangulación de recursos en la colocación, es decir, en el crédito, más que en la captación o ahorro. Es importante esto porque la cartera de clientes ahorradores de Ficrea es importante, de 6 mil 366 clientes. Son recursos que no tenían ningún problema.

Por ahora, explica, no se puede determinar si será necesario utilizar recursos del Fondo de Protección para apoyar a los ahorradores. La ley dice que la protección es hasta por 25 mil unidades de inversión, unos 130 mil pesos. Anticipó que en un mes podrá haber una evaluación y diagnóstico de los interventores, para que en diciembre los ahorradores puedan recuperar su dinero.

–¿Cuál es el grado de responsabilidad de los empleados, si lo hubiera, en el posible delito de lavado de dinero?

–El nivel de responsabilidad lo determinará el Ministerio Público. Si detecta que hubo empleados involucrados en hechos que considere delitos, tendrán responsabilidad penal. Si los empleados no participaron y sólo fueron los directivos o principales socios, eso lo determinará la investigación. La responsabilidad la determinará el Ministerio Público en el momento que ejerza acción penal y el juez tendrá que analizarlo al momento que dicte las órdenes de aprehensión o lo que proceda.