El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó este martes que los estados miembros del bloque no están obligados a otorgar prestaciones sociales a ciudadanos de otros países miembros que viajan a su territorio únicamente para beneficiarse de ellas.

Las acusaciones sobre un abuso del principio de libre circulación entre estados de la Unión Europea, que se convierte así en turismo social, han favorecido la emergencia de partidos políticos eurófobos que abogan por limitar la inmigración.

El tribunal de Luxemburgo consideró así que un ciudadano de un estado miembro de la UE que emigre a otro estado miembro solamente podrá beneficiarse de prestaciones sociales si su residencia es conforme a la directiva europea sobre la libre circulación.