l factor militar es fundamental para definir el futuro de un país cuyas estructuras civiles de representación popular se han colapsado y en donde cada día crece el peligro de que las protestas sociales lleguen a desenlaces sangrientos. Garantes históricas de la continuidad del sistema político fatigosamente instalado para suplir al porfirista, las fuerzas armadas de México van corriendo, naturalmente, una suerte parecida a la de ese régimen con el que las cúpulas castrenses se han mimetizado en varios aspectos.

Justamente por la trascendencia de sus acciones, decisiones y palabras (palabras de mando, órdenes) es de gran importancia republicana que los mandos de soldados y marinos sean extremadamente prudentes, equilibrados y sensatos. Por pasmo e incapacidad política, los encargados civiles de la silla presidencial han preferido sostener una línea general de acechante tolerancia ante las protestas generadas por la desaparición de 43 estudiantes, sabedores esos erosionados gobernantes de las consecuencias tal vez insurreccionales que significaría una represión política más. Ese cálculo de supervivencia ha llevado a la administración peñista a permitir la diaria y masiva comisión de hechos de motivación política que conforme a la legalidad vigente serían constitutivos de delitos y por tanto merecerían la acción de los órganos estatales de contención y castigo, en primer lugar los civiles.

En ese delicado contexto, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, ha pronunciado el pasado lunes un discurso preocupante, al ‘‘formalizar’’ en Escobedo, Nuevo León, un proyecto para construir una ‘‘brigada de policía militar’’, con 3 mil elementos, que desde allí atenderá los requerimientos de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y la entidad anfitriona. Dedicado a exaltar la importancia de la unidad nacional, la suma de esfuerzos y la cohesión social, el general Cienfuegos planteó: ‘‘El rumor, la intriga y la deslealtad corroen cimientos… mancillan convicciones… frenan el potencial que tiene el país… y debilitan a las instituciones. Por lo tanto, hago un llamado a todos: sociedad, gobiernos y fuerzas armadas, a que cerremos filas en aras del interés nacional. El desarrollo y el progreso de la nación están en juego’’ (los puntos suspensivos están consignados en la página oficial de la Sedena, http://bit.ly/1tZE3jd). Agregó un párrafo susceptible de interpretaciones múltiples: ‘‘Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos, sin amedrentarnos por juicios injustos; algunos sin duda, erróneos, carentes de fundamento, mal intencionados y que la institución armada nacional no merece’’.

Grave sería que el alto mando militar del país llegara a considerar antipatrióticos o amenazantes los ejercicios de análisis, crítica y denuncia respecto de lo que sucede en el país. Los jefes militares estarían entonces asignándose un papel de jueces sumarios que decidieran a partir de su criterio personal qué debe clasificarse como rumor, intriga o ‘‘deslealtad’’ y se sentirían legitimados para actuar por encima de cualquier restricción civil, política o legal, para defender el interés superior de la patria amenazada, al igual que sus fuerzas armadas, por ‘‘juicios injustos’’.

Por el contrario, la salud republicana requiere claridad, análisis, crítica y denuncia respecto de hechos como los sucedidos en Tlatlaya, donde el primer impulso de la administración federal, los jefes militares e incluso la CNDH fue liberar de responsabilidad a los fundadamente acusados de ejecuciones, de entre quienes ahora se ha procesado al segmento de más bajo rango. También es necesario analizar y someter a juicio las conductas cuando menos omisas que en buena parte de la República guardan los oficiales regionales frente a las evidencias de predominio y actuar ostentoso de bandas criminales, como Iguala lo demostró en el doloroso caso de los Abarca y los Guerreros Unidos masacrando a opositores y estudiantes. No le corresponde a los propios jefes militares rechazar los ‘‘juicios injustos’’, pues esa función debe ejercerla sin presiones el Poder Judicial civil. Por el contrario, la circunstancia tan difícil del país y las evidencias de contaminación ante el poderío de los políticos corruptos y el crimen organizado deberían llevar a los propios generales ejecutivos a promover el verdadero imperio del derecho y el sometimiento de malos elementos y episodios criminales al juicio de la institucionalidad teóricamente equilibrante, el Poder Judicial Federal y la opinión pública y la movilización social que demandan paz, justicia y legalidad.

A la hora de escribir esta columna no se tenía información del encuentro que en Chilpancingo sostenían familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el secretario de Gobernación y el procurador federal de Justicia. En el curso del día, profesores, estudiantes y activistas sostuvieron confrontaciones con grupos policiacos. El edificio del comité estatal priísta fue incendiado y destrozado (en Morelia, el ataque fue contra el inmueble de la directiva estatal panista), en una confirmación enérgica de que las protestas continuarán a pesar de los esfuerzos de la administración federal por aparentar que se va a retomar la normalidad en el país.

En ese contexto, los peritos forenses argentinos, que gozan de la confianza de la mayoría de los familiares de los 43, informaron que los restos de Iguala, revisados por ellos, no corresponden a los normalistas. Aún no tienen resultados de lo que Murillo Karam dijo rescatar del basurero de Cocula. En tanto, crecen las dudas y especulaciones en relación con el parte rendido por el titular de la PGR. A esa extendida desconfianza se sumaron las revaloradas palabras del sacerdote Alejandro Solalinde, quien da por buena la versión de que los Abarca fueron detenidos en Veracruz (PRI) y presentados en Iztapalapa (PRD y Morena).

Y, mientras el tuitero @chavagar ha (d)escrito que ‘‘así fue que el tren bala a Querétaro se descarriló en las faldas de la Sierra Gorda, al chocar con una Casa Blanca’’, ¡hasta mañana!

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