Ex trabajadores de confianza de la disuelta Luz y Fuerza del Centro realizaron ayer un mitin frente a las oficinas centrales del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en demanda de que les otorguen sus pensiones, ya que al momento de extinción de la compañía un número importante de ellos estaban próximos a su jubilación, pero los obligaron a renunciar.

En el mitin señalaron que llevan más de cinco años sin poder conseguir empleo, ya que pesa sobre ellos un veto para no contratarlos, de ahí que han tenido que mantenerse en la economía informal, en el comercio en la vía pública, vendiendo desde comida hasta llantas, agua embotellada y demás.

También indicaron que han sostenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación en las que les han ofrecido un arreglo a su situación; sin embargo, después de años, y de interponer peticiones en múltiples instancias gubernamentales, no se ha concretado una solución para su caso.

Por esta razón, cerca de 500 ex trabajadores de confianza de esa compañía ya interpusieron demandas ante tribunales laborales, para reclamar pensiones, pues casi habían cumplido los años de antigüedad para tener este derecho.

La mayoría de estos trabajadores son ingenieros que ocupaban plazas medias de confianza ante LFC, tenían más de 25 años laborando en la empresa, y demandan que les reconozcan este derecho por parte del gobierno federal, según indicaron Fernando Rodolfo Roura Morales, Francisco Javier Aguilar y Mario Alfredo Torres.

Dijeron que los contrataría la CFE

En la movilización señalaron que a todos los trabajadores de confianza los obligaron a firmar su renuncia y les dijeron que iban a ser contratados en la Comisión Federal de Electricidad. Incluso, que una vez firmado su finiquito, al día siguiente se presentaran a la CFE. Sin embargo, todo fue un engaño, y ahora ni su derecho a pensionarse les quieren reconocer.

En cinco años, es la primera vez que se salen a la calle. Sin embargo, señalan que al menos han tenido una decena de reuniones con funcionarios de diversas dependencias, sobre todo en Gobernación, pero también han metido peticiones de la revisión de su caso ante las secretarías del Trabajo y de Hacienda, y ante la Presidencia de la República. Por lo anterior, recurrieron a los tribunales laborales, donde radicaron sus demandas.