La declaratoria de alerta de violencia de género se ha politizado, aun cuando en algunas entidades del país se documentan altos niveles de agresión contra las mujeres, advirtió Marcela Lagarde, especialista en estudios de género y feminismo.

Cada gobernador se siente acusado, si se hubiera declarado la alerta de violencia. Todo eso lo han partidizado. Lo que menos les importa es que las mujeres mueran violentamente. Por eso no ha funcionado (el mecanismo), dijo en entrevista.

Con los recientes cambios reglamentarios en la materia, una alternativa es la creación de grupos de expertas los cuales emiten recomendaciones. Es decir, se ha virado hacia esa posibilidad en lugar de señalar directamente la crisis de violencia de género en un estado.

La doctora Lagarde, ex legisladora, lamentó que los gobiernos le dan la vuelta al tema; se oponen o simulan, hacen tortuguismo, hacen a medias las cosas” ante el avance y la construcción de normas para atajar la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, hay entidades donde se han emitido recomendaciones para atender el problema de violencia, es decir, no es exactamente una alerta, pero los gobiernos aceptan las sugerencias.

Puntualizó que si bien en este tema ninguna medida es suficiente, los promotores del cambio se enfrentan también con gobernadores prepotentes que hacen todo lo que está a su alcance para evadir la alerta, de ahí que un paso adelante es que los mandatarios acepten las recomendaciones, como ocurrió positivamente con Chiapas.

“La respuestas mágicas o la desaparición del feminicidio no existen; las transformaciones son complicadas porque hay personas que no están de acuerdo con que las mujeres tengamos derechos. Entonces, avanzar en ese flanco es todo un logro”, dijo.

La académica y ex legisladora comentó lo anterior después de dictar la conferencia magistral Sororidad y el trabajo en redes a favor de los derechos de las mujeres, dentro del foro internacional acerca de refugios para mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia familiar.

En el encuentro, realizado en la cancillería, representantes de gobiernos y de grupos civiles subrayaron que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino público.

Laura Dogu, consejera de la embajada de Estados Unidos en México, dijo que según estadísticas recientes, a escala mundial una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física y sexual.

En Estados Unidos, cada nueve segundos una mujer es atacada. Los costos de la violencia familiar al año en ese país asciende a 5 mil 800 millones de dólares; 4.1 mil millones son para gastos de salud y atención directa y el resto por pérdidas por productividad.

Katia Chávez, en representación de Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señaló que los refugios cuentan con personal comprometido porque la agresión contra las mujeres y las niñas es posiblemente la violación a los derechos humanos más común, presente en todas las sociedades del mundo. Es una de las manifestaciones más graves de la desigualdad y la discriminación.

En México hay 44 refugios y 41 centros de atención extranjera, ubicados en las 32 entidades y el Distrito Federal.