El gobierno federal informó a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que la búsqueda de los jóvenes sigue abierta y será ‘‘redoblada’’ en los ‘‘mismos términos’’ delineados por la Procuraduría General de la República (PGR) el viernes pasado. También les comunicó la firma de un convenio de asistencia técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender los hechos de Iguala, como vía de apoyo a las acciones del gobierno federal.

Entre reclamos por el papel que su partido y la clase política ha tenido en lo relativo a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el diputado perredista Fernando Belauzarán tuvo que abandonar anoche un foro en el que participaba en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia, pidió atender la versión del sacerdote Alejandro Solalinde sobre la supuesta detención de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en Veracruz y no en esa demarcación, al señalar que ya somos muchos los que creemos que pasó algo distinto a lo que oficialmente se ha dicho.

Pekin.

La Comisión Nacional de Seguridad informó que la noche del lunes en la ciudad de Xalapa, Veracruz, falleció el policía federal Luis Armando Hernández Guerrero, a consecuencia de un disparo de arma de fuego derivado del posible manejo inadecuado del arma de cargo de otro elemento de la corporación. Hernández Guerrero estaba adscrito a la División de Gendarmería, que fue enviada a Veracruz. De acuerdo con la versión dada a conocer, los hechos ocurrieron a las 20 horas del lunes en una habitación del hotel donde se hospedan tres elementos de la Policía Federal, y aunque Armando Hernández recibió atención médica, perdió la vida. El elemento que accionó el arma de fuego fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.

En la medida en que las instituciones públicas busquen impulsar la implantación de la reforma constitucional de derechos humanos, ésta se convertirá en una realidad tangible de igualdad y no discriminación, consideraron especialistas durante el foro La implementación de la reforma constitucional en derechos humanos realizada en la Universidad La Salle en la ciudad de México. Sonia del Río Freire, directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) consideró que esta reforma establece que una sociedad de iguales implica una sociedad justa, y para ello deberán garantizarse siete elementos: transversalidad, capacitación, defensa, prestación de servicios sin discriminación, medidas de igualdad, información e impulsar un cambio cultural de inclusión” consideró. Estimó que para traducir las normas en realidades es necesario implementar acciones desde diversos ámbitos, uno de ellos es que todas las instituciones públicas participen en su cumplimiento conforme a sus atribuciones.

La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio, sostuvo que la transición al sistema de justicia penal acusatorio responde a la aspiración legítima de la sociedad de contar con un Estado fuerte, donde impere el pacto social y prevalezcan los derechos de las personas.