El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas o involuntarias, Ariel Dulitzky, cuestionó que el gobierno federal actuó 10 días después de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

En una desaparición forzada se tiene que actuar en las primeras 72 horas. Y si se comprueba la teoría del procurador (Jesús Murillo Karam), se actuó 10 días tarde y eso es demasiado tarde, señaló durante una reunión con la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso.

Consideró imprescindible que se defina qué ocurrió con los normalistas, porque finalmente, Iguala somos todos.

Dulitzky sostuvo que la agresión contra los normalistas constituye un fenómeno de extrema gravedad y advirtió que en caso de encontrar responsables, éstos no serán sancionados por ese delito, sino por secuestro, por las deficiencias de la legislación.

Manifestó que la ley es insuficiente. (Por los cual) recomendamos una ley general sobre desaparición forzada, que la defina con dos vertientes: la cometida por funcionarios estatales o por actores privados que actúan con la tolerancia, aquiescencia y cooperación del Estado, y que incluya un procedimiento específico de búsqueda y un registro nacional.

También propuso la creación de una base de datos sobre desapariciones forzadas y de ADN.

Es muy difícil saber exactamente cuántas personas han desaparecido en México. Hay toda clase de cifras y ninguna coincide. No puede ser que México sepa más cuánto petróleo exporta que cuántas personas han sido desaparecidas forzadamente, cuestionó.

Refirió que en el país persiste un vacío para determinar la responsabilidad política de no asumir el fenómeno de manera integral, porque su oficina presentó en 2011 un informe con un diagnóstico y 33 recomendaciones, pero, lamentablemente, tres años después debemos ratificar que las conclusiones siguen vigentes y las recomendaciones sin cumplirse.

Expuso que si bien no puede afirmar que el cumplimiento de las recomendaciones hubiese prevenido los hechos de Iguala, su aplicación habría permitido al Estado mexicano estar mejor preparado para responder a un incidente como éste. Y estoy seguro que la implementación de una recomendación principal, que es romper el patrón crónico de impunidad que existe en este país en materia de desapariciones forzadas, lo hubiese prevenido, indicó.

Recordó que en el informe destacaron dos momentos históricos en desapariciones forzadas: las que ocurrieron durante la guerra sucia de la década de los 60 y 70 del siglo pasado, y las que ocurren en el contexto del combate al crimen organizado y la crisis de seguridad.

Estos dos momentos ocurren en contextos diferentes pero tienen algunos elementos en común: permanecen en la impunidad, no se logra identificar a las víctimas y éstas no reciben reparaciones integrales, explicó.

Dulitzky citó que una de las tres entidades que visitaron entonces fue Guerrero, “epicentro de la guerra sucia, pero también porque es un foco de preocupación por el deterioro del estado de derecho. Y no es casualidad que los hechos que nos ocupan ocurrieran en Guerrero. Sintetiza y es el hilo conductor que une las desapariciones de la guerra sucia con las actuales”.

Si no hay justicia en Iguala, advirtió, las heridas del país permanecerán abiertas por décadas.