Nueva York.

La asistencia militar y de seguridad nacional de Estados Unidos a México se está volviendo, una vez más, parte del debate en Washington a raíz del nuevo enfoque sobre la violencia y la corrupción en México, como consecuencia de la crisis en Guerrero y el caso de Tlatlaya.

Preocupaciones expresadas en el Congreso, aun antes de estos incidentes, sobre la eficacia de los programas de asistencia estadunidenses, son nutridas por un coro creciente de organizaciones de derechos humanos y expertos en la relación bilateral que han señalado que los casos de los 43 normalistas desparecidos y de los asesinatos por militares en Tla-tlaya, estado de México, renuevan interrogantes sobre el papel de Estados Unidos en la crisis de derechos humanos en México.

Por su parte, diversas organizaciones sociales que han impulsado protestas de solidaridad con los normalistas de Guerrero en diversas ciudades de Estados Unidos ya incluyen entre sus demandas el cese inmediato de la asistencia estadunidense a México.

Tareas urgentes

Para Maureen Meyer, encargada del programa sobre México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), los casos de Iguala y Tlatlaya ofrecen ejemplos claros de que no se pueden resolver los problemas de seguridad en México aportando más asistencia, y señala que ante estos hechos lo más urgente es el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo del sistema judicial, donde no sólo policías, sino jueces y fiscales adquieran la capacidad para resolver delitos de este tipo.

Advirtió, en entrevista con La Jornada, que estos últimos sucesos de nuevo provocan interrogantes en Washington acerca de la asistencia estadunidense en México en general. El caso Tlatlaya, en particular, nutre preocupaciones sobre la asistencia militar. Por tanto, y a pesar del intento el actual gobierno mexicano de relegar el asunto de seguridad a segundo plano, la crisis actual reabre este asunto y la necesidad de que el tema de seguridad se sujete a un debate más público y abierto.

Cabe aclarar que la asistencia de seguridad para México está parcialmente condicionada por cláusulas que obligan al Departamento de Estado a confirmar que no es usada en casos de violaciones a los derechos humanos.

La asistencia estadunidense a México se canaliza mediante varios programas oficiales. La mayoría de esos recursos desde el año fiscal 2008 se ham entregado vía la llamada Iniciativa Mérida, cuyos objetivos se han enfocado más, en años recientes, en realizar esfuerzos para, supuestamente, fortalecer el sistema judicial y de seguridad pública tanto a escala federal como estatal y local.

Entre los años fiscales 2008 y 2014, el Congreso de Estados Unidos ha destinado aproximadamente 2.4 mil millones de dólares para programas de la Iniciativa Mérida; de ese total, más de 1.2 mil millones fueron para asistencia en capacitación, equipo y apoyo técnico, y ya se entregaron a México, reporta el Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), una agencia del poder legislativo.

El gobierno de Barack Obama ha solicitado 115 millones para programas de la Iniciativa Mérida para México para el año fiscal 2015, y un total de 136.9 millones si se agregan programas fuera de ese instrumento.

Los montos totales de asistencia estadunidense a México, incluidos los programas de asistencia en seguridad, apoyo económico y capacitación dentro y fuera de la Iniciativa Mérida, suman más de 3 mil millones entre 2008 y 2014. Además, Estados Unidos ha capacitado a unos 15 mil 310 oficiales y funcionarios entre 2006 y 2013, según datos oficiales recopilados por el Monitor de Asistencia de Seguridad, un proyecto de colaboración de varios centros de investigación, incluidos el Center for International Policy y Wola (para ver datos completos sobre México: http://www.securityassistance.org/mexico ).

El informe de CRS publicado en abril señala que mientras los esfuerzos bilaterales ya han generado algunos resultados positivos, la aparente debilidad del sistema de justicia criminal parece haber limitado la efectividad de los esfuerzos anti-crimen. Indica que el enfoque de la Iniciativa Mérida ahora es precisamente sobre cómo reforzar este rubro. Por ello, se brindan cursos de capacitación no sólo a militares, sino a policías federales, estatales y locales, así como a agentes de aduanas y más, con unos 19 mil oficiales de seguridad pública, incluyendo policías, que participan en los cursos estadunidenses. Otros 8 mil 500 del sector judicial federal y 22 mil 500 del sector judicial estatal habían recibido capacitación.

A la vez, programas administrados por la USAID, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia han brindado asistencia para reformas judiciales y capacitación de personal dentro del sistema de justicia a escala federal y en varios estados.

Junto con todo esto, Estados Unidos vende armas a México mediante dos programas: uno de ventas militares y otro de ventas directas comerciales (esto es para armas de fuego y otras armas básicas). Según datos oficiales del Monitor de Asistencia de Seguridad, las ventas comerciales se incrementaron dramáticamente en 2012 casi el triple del año anterior, llegando a 1.2 mil millones. Entre 2006 y 2012, México compró 4.3 mil millones de dólares en armas, vía el programa de ventas comerciales. Por vía de ventas militares, el total en ese periodo fue superior a 91 millones.