La tortura y ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón Fontes –uno de los tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa– la no­che del 26 de septiembre en Iguala, quedó como un eslabón perdido, sin investigación en el expediente que ya se consignó por el fuero común ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero. El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales, aclara que para la Procuraduría General de la República (PGR) el tema de la tortura al que fue sometido quedó de lado, como un cabo suelto.

Como cabeza del equipo jurídico que actúa como coadyuvante de las familias de las víctimas –los 43 desaparecidos, los tres asesinados y los dos heridos– Rosales aseguró que el caso de los seis caídos esa noche ya fue consignado ante un juez estatal. Ya no está en etapa de investigación y no es susceptible de atracción federal. Sin embargo, aclara, los defensores del caso Iguala podrán definir en breve, junto con los familiares de Mondragón Fontes y su esposa Marisa Mendoza, una estrategia para revertir la situación, para que los ejecutores de la tortura y asesinato del joven mexiquense sean juzgados en el fuero federal.

Como acusados en los seis homicidios –tres normalistas, dos integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo– figuran en el expediente de la procuraduría de Guerrero 22 policías municipales, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

Rosales no descarta que este expediente, aun bajo consignación, pueda ser atraído al fuero federal bajo el paraguas del caso Iguala, que contempla una multiplicidad de conductas delictivas que se desplegaron en todos los acontecimientos del 26 y 27: homicidios, lesiones, desaparición forzada, uso de armas prohibidas.

La PGR atrajo el caso de los 43 desaparecidos bajo la figura de delincuencia organizada. Este expediente, a diferencia del sujeto a la justicia estatal, todavía se encuentra en fase de averiguación previa.

Interrogado sobre si el delito de tortura, evidente en el caso de Julio César Mondragón Fontes, será incluido, Rosales explicó que puede hacerse. Sobre cómo lo haremos, aún lo estamos estudiando.

Para que se configure el delito de tortura el responsable debe ser un agente del Estado, o que un particular haya actuado con la aquiescencia de uno. A pesar de que ni la PGR ni la PGJE local incluyeron ese delito entre los agravios, la representación legal de la familia aún puede hacerlo.

“La PGR dejó muchos cabos sueltos. Por ejemplo, ¿quién tomó la fotografía del cuerpo del joven desollado y la subió a las redes sociales? Es un indicio que se debe seguir. Otro es que la PGR habla de cómo los chavos fueron sacados de los autobuses y entregados por la policía a la delincuencia organizada, pero no explica en qué momento detienen a Julio César. Él no cayó en el momento de la agresión a balazos de los autobuses. No se explica si lo mataron policías municipales o si fue entregado como los 43 al crimen organizado. Ese es el eslabón que la PGR dejó sin investigar.”

Rosales aseguró que Julio César no está olvidado ni relegado. Yace en la memoria de sus compañeros de Ayotzinapa. Está muy presente en sus pensamientos, en sus metas de lucha por la justicia. La primera meta, hasta ahora, es la presentación con vida de los 43 desaparecidos. La justicia para los compañeros caídos, entre ellos Julio César, sigue vigente como demanda, en un segundo término: Y en un tercero la reparación del daño causado a los familiares de los caídos y lesionados. En un cuarto lugar está el tema estructural de la normal rural.