Los defensores de derechos humanos en México están en una grave situación de vulnerabilidad, pues son víctimas de forma constante de intimidación, ataques y obstaculización a su labor, tanto por servidores públicos como del crimen organizado y grupos empresariales.

Así lo afirmaron las integrantes de una Misión de Observación Civil que visitó el país en días recientes, quienes señalaron que los activistas se enfrentan además con la falta de reconocimiento de buena parte de la sociedad y las autoridades, la criminalización de su trabajo y la impunidad de la que gozan sus agresores.

En conferencia de prensa, las especialistas Angelita Baeyens, Tarcila Rivera, Elvira Domínguez, Rosario Figari y Eleanor Openshaw –provenientes de países de América y Europa– explicaron que del 9 al 14 de noviembre pudieron conversar con funcionarios de varios niveles, así como defensores de derechos humanos, en el Distrito Federal, Oaxaca, Baja California y Guerrero.

En esta última entidad, además, visitaron la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde se entrevistaron con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

Tras su visita, las observadoras concluyeron que la situación de vulnerabilidad y riesgo de las y los defensores es sumamente palpable en México, pues todos los activistas con los que platicaron dijeron haber sido víctimas de ataques, amenazas y obstaculización de su trabajo.

Los responsables de esos actos, añadieron, son autoridades de los tres niveles de gobierno, pero también grupos delincuenciales y empresas que desarrollan megaproyectos o se oponen a las reivindicaciones laborales de sus trabajadores.

En su visita, las especialistas documentaron el uso indebido del sistema penal para criminalizar el trabajo de defensa de los derechos humanos, con tipos penales abiertos y ambiguos, además de la falta de medidas de cuidado por parte del Estado mexicano, pues el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas aún tiene fallas graves.

Además, hay una situación de impunidad estructural que deja sin castigar las amenazas y agresiones, por lo que recomendaron al Estado mexicano que establezca una adecuada política de investigación criminal, en la cual se considere como probable razón de los ataques a los activistas la labor que realizan.