La Secretaría de Gobernación (SG) ha decomisado hasta ahora alrededor de 7 mil máquinas tragamonedas, equivalentes apenas a 7 por ciento del total de los aparatos en operación, considerados por esta dependencia como ilegales.

En tanto, agrupaciones de propietarios de las máquinas advierten que los operativos de decomiso son arbitrarios e ilegales porque los agentes federales responsables no llevan consigo documento alguno que avale esta acción.

Los operativos ya se les salieron de control, señaló Araceli Gutiérrez, presidenta de la Unión Nacional de Maquineros, una de las asociaciones formadas recientemente ante el programa gubernamental que pretende sacar de operación las tragamonedas, algunas de las cuales son identificadas como Pinball o Perla de oriente.

La tensión entre los propietarios de máquinas y las autoridades federales se ha incrementado. En tanto, Gobernación se enfrenta a otro problema: qué hacer con los aparatos decomisados, cuyos materiales –afirma– son altamente contaminantes.

Estamos ahora encontrando un problema para su destrucción. El confinamiento tiene que ser especial, porque las máquinas contienen mercurio, plásticos no biodegradables, indicó Marcela González Salas, directora general de Juegos y Sorteos de la SG.

Adicionalmente, aseveró, cuenta con estudios acerca de la relación entre el crecimiento de la delincuencia juvenil y la proliferación de este tipo de máquinas, especialmente en entidades como Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Colima.

Los maquineros advierten, en tanto, que sus agremiados están dispuestos a defender su patrimonio. Exigen la instalación de una mesa de análisis y de peritajes acerca de las características y origen de los aparatos, así como de la supuesta vinculación con la delincuencia infantil y juvenil.

La funcionaria aseguró que las máquinas no tienen control alguno, evaden impuestos y son pivote para las adicciones y el control del crimen organizado.

La Dirección General de Juegos y Sorteos calcula que en el país hay cerca de 150 mil máquinas, y ha captado hasta ahora unas 10 mil, la mayoría de las cuales estaban ubicadas en el estado de México, Distrito Federal, Sinaloa, Morelos y Yucatán.

Por ejemplo en el estado de México, de 332 establecimientos verificados, sólo se clausuraron nueve, y hay números similares para las otras entidades.

González Salas aseguró que el programa continuará. (Las máquinas tragamonedas, instaladas en pequeños establecimientos mercantiles) son absolutamente ilegales. El artículo 12 del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos lo establece claramente; son apuestas que no están controladas, son aparatos manipulables, no pagan impuestos y además de generar adicción están hechas con materiales altamente contaminantes, dijo a La Jornada.

En respuesta, la dirigente de la Unión de Maquineros afirma que los aparatos no son de azar, sino de habilidades, y que si la autoridad insiste en aplicar estos operativos descontrolados, el ambiente se crispará aún más, porque la gente está puesta a defenderse.

Opinó que el objetivo de la funcionaria es generar puntos en su favor para continuar en el cargo, como titular del pretendido instituto nacional de juegos y sorteos incluido en el proyecto de ley, en preparación actualmente y el cual se espera sea presentado en la Cámara de Diputados en los próximos días.