¿Cuántos desaparecidos hay en México? Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reconoce que desconoce la cifra exacta, pero advierte que el Estado tiene una deuda con las víctimas de este delito: En México falta la memoria histórica de las desapariciones.

En la vorágine del caso Ayotzinapa, la CEAV ha atendido a 30 familias de los 43 normalistas desaparecidos, y ahora está en disposición de exigir al Estado resultados: Las familias nos han pedido que no cese la búsqueda, que se intensifique y se haga bien, con transparencia, con toda profesionalidad... Tendremos que explicar como Estado qué pasa con unos y otros desaparecidos. Y asumir el reto y la responsabilidad. Tenemos que reparar integralmente ese daño, dice Rochín del Rincón en entrevista con La Jornada, al cumplir un año en su puesto.

Las desapariciones forzadas son una realidad en México, crímenes de Estado como el de Ayotzinapa que, según Rochín del Rincón, deben ser castigados:

Soy de la idea de que como Estado mexicano tenemos que dar la cara y salir a decir que éste es un problema histórico que sigue vigente y que tenemos que asumir con toda responsabilidad.

Hace poco acudió a Chile para explicar ante el gabinete de Michelle Bachelet el programa nacional de atención a víctimas recién creado en México. Allí tuvo la oportunidad de visitar el Museo de la Tolerancia creado por el gobierno chileno: Allí están las víctimas del Estado, es un reconocimiento histórico de perdón. Aquí tenemos que hacer lo mismo, es un derecho de las víctimas que sepan la verdad, porque no la han sabido.

Las historias sobre desaparecidos ofrecen la imagen de un país fracturado. Oficialmente son alrededor de 30 mil, pero hay organizaciones no gubernamentales que cifran el número de víctimas en 300 mil. Las desapariciones forzadas siguen pasando, el más reciente episodio se llama Ayotzinapa, pero antes hubo miles, por eso afirma que el problema debe ser enfrentado seriamente por el gobierno: No se gana nada con ocultarlo, hay que reconocerlo, hay que confrontarlo y hay que poner las medidas más urgentes.

Desde el 29 de noviembre, un equipo interdisciplinario de la CEAV se encuentra en Guerrero trabajando con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, que han enfrentado la incertidumbre incrementada por el tratamiento que el Estado le ha dado al caso.

Se encontraron tantas fosas y resulta que no son; entonces el problema es todavía mayor, porque se suman. Sean o no, se tiene que saber de dónde y por qué. Tendremos que explicar como Estado qué pasa con unos y con otros, dice en referencia a los restos encontrados en las fosas comunes ubicadas en Guerrero.

Añade: “Guerrero tiene un grave problema de víctimas, específicamente en el tema de desapariciones. Se los hemos dicho desde el primer momento. El peor estado es Guerrero, no tiene registro de víctimas, no tiene comisión ejecutiva, no tiene nada; no tiene una ley ni una armonización.

Guerrero tiene que ponerse al día en materia de víctimas. Como Estado tenemos que exigirle a esa entidad que cambie su actitud con respecto a las víctimas, y que primero las reconozca, señala.

Para el presidente de la CEAV el caso de las 43 desapariciones forzadas de Ayotzinapa es sólo un síntoma: Es una señal de lo mucho que debe haber allí. Exigimos justicia. Que se enjuicie a los culpables, que se les dé una respuesta clara a las víctimas, que se les acompañe y que se les repare el daño.

Asegura que en la estructura de la CEAV la rama principal del programa de atención a víctimas es precisamente la de los desaparecidos: En buena medida, los desaparecidos de este país son el origen de la ley. Y en buena medida es una de las mayores deudas y uno de los mayores dolores que existen.

Rochín del Rincón se incorporó a la Secretaría de Gobernación como director general adjunto de investigación y atención a casos, en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y en 2006 obtuvo el cargo de investigador en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en la Cámara de Diputados. Además fundó el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, organización de la cual fue secretario general, en 2008, y al año siguiente fue designado defensor de los derechos politécnicos del Instituto Politécnico Nacional.

La desaparición forzada es un crimen de Estado, un delito que no prescribe hasta encontrar a la persona, un drama y una tragedia para cada una de las familias que padecen la ausencia de un ser querido: “Es la incertidumbre, no poderlo llorar, abrazarlo, no saber si está bien o no. Estar esperando si viene. El duelo suspendido es de lo más doloroso.

La mayoría de la gente que estamos acompañando son víctimas directas o indirectas de desaparición, comenta.

El fondo de ayuda

La CEAV ha sido duramente cuestionada por las víctimas, quienes han denunciado que su presupuesto está siendo utilizado para la organización de actos con los comisionados en hoteles de cinco estrellas, en lugar de ser destinado hacia las múltiples necesidades que padecen desde hace años los familiares de las víctimas de la violencia.

Una de las principales criticas es la falta de aplicación de los 500 millones de pesos que supuestamente serían destinados a la atención de las víctimas, un dinero que sigue sin llegar a su destino: Lo que falta es que la Secretaría de Hacienda deposite la cantidad del fondo, lo cual quiere decir que podemos empezar a repartir el dinero este año. Ya está listo un programa integral de atención a víctimas, que se va a presentar al sistema nacional, un equivalente al sistema nacional de seguridad pública, presidido por el presidente de la República y los tres poderes.

El programa será presentado finalmente en las próximas semanas. La CEAV cumplió un año de haber sido creada y las principales quejas de los familiares de las víctimas se centran en su falta de operatividad y su lento accionar.

Rochín del Rincón reconoce que han tardado más de seis meses en arrancar debidamente, y que fue hasta el segundo semestre cuando se logró que la mayoría de los nombramientos operaran relativamente. La asesoría jurídica ha iniciado su trabajo con 59 abogados, un número insuficiente, porque la ley plantea 400.

Sobre el registro de víctimas, explica que ya está funcionando y que en dos meses se han registrado 300 casos de delitos federales: La mayoría de las víctimas vendrán de los registros de entidades federativas. Ya hay 16 de las 32 entidades con su registro. Cuando nos llegue esa información, el numero de víctimas va a incrementarse de manera espectacular.

Sobre la búsqueda de los desaparecidos y el hallazgo de decenas de fosas clandestinas, aclaró que su función no es esa: Nuestra función es acompañar a las víctimas y garantizar que ejerzan sus derechos, pero nosotros no somos un órgano para la búsqueda.

Una de las quejas de los familiares de desaparecidos es la falta de búsqueda por parte de las autoridades. Una búsqueda que sólo sucede en el papel, con miles de hojas en los gruesos expedientes, pero lamentablemente no en la práctica.

Yo no me quiero defender. No soy quien para contradecir a las víctimas cuando están inconformes. Soy quien para escucharlos, para asumir lo que me dicen. No soy quien para juzgarlo... Es muy díficil entender a una víctima, porque nunca te puedes poner en sus zapatos. No es cierto. Reconocemos las acciones donde no hemos sabido cómo atenderlos.

Sobre el caso Tlatlaya dice que también es síntoma de lo que sucede en torno a los abusos cometidos por las fuerzas armadas, delitos que, señala, deberían ser juzgados por la justicia civil: Ese caso salió por una cuestión periodística, pero lo que refleja es que hay muchísimas violaciones a derechos humanos y delitos graves que no estamos conociendo. Hay una enorme cifra negra. Y nosotros queremos llegar a esa cifra. En nuestros registros ya tenemos muchas víctimas de militares.