Chilpancingo, Gro.

Para Humberto Santos Bautista, ex director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, las autoridades judiciales deben investigar al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a su gabinete de seguridad y justicia, a la ex titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Silvia Romero, ya que por omisión o comisión son responsables de los asesinatos de seis personas y la desaparición de 43 normalistas, pues pudieron haber evitado esta tercera tragedia contra los alumnos de la institución educativa ocurrida en esa administración.

Así como están las protestas en todo el país por estos hechos es posible la desaparición de poderes para formar un gobierno de transición en el estado, porque el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, no ha entendido que la entidad vive una emergencia nacional, dijo en entrevista con La Jornada el también profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en Chilpancingo, quien después del asesinato de dos normalistas, el 12 de diciembre de 2011, aceptó dirigir la normal, sin cobrar.

Destacó que los legisladores y los integrantes del Poder Judicial de la entidad no están a la altura para solucionar y hacer justicia a las seis personas asesinadas el 26 y 27 de septiembre (tres de ellos normalistas) y dar con el paradero de los 43 desaparecidos.

El conflicto, que ya ha escalado –de acuerdo con las declaraciones del también profesor de posgrado– en el ámbito nacional e internacional, sin que ninguna de las autoridades estatales o federales al menos respondan con la verdad, a los padres de esos 43 muchachos, a los estudiantes normalistas y a los guerrerenses, que lo único que exigen es que les digan la verdad de qué pasó con los jóvenes desaparecidos presuntamente por policías de Iguala junto con integrantes del crimen organizado, y que con base en la verdad se haga justicia.

En relación con los hechos de Iguala, sostuvo que casi nos remite a compararlo con los campos hitlerianos y la cultura de Pinochet o Stalin. No es casual que se haya golpeado el sector más sensible de la sociedad, que es la parte educativa; duele mucho que un gobierno no haya aprendido, porque es inadmisible que en una sola administración ocurrieran otros dos hechos contra estudiantes de Ayotzinapa (antes del 26 de septiembre): el 12 de diciembre de 2011 (cuando policías ministeriales y federales asesinaron a dos estudiantes en una manifestación ), y los (dos) muchachos que atropellaron en Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande (en enero de 2014), aseguró.

Para comenzar a hacer justicia y garantizar que nunca más volverá a pasar lo de Iguala, el académico pidió que aparte de las personas involucradas directa e indirectamente en estos hechos, como policías y narcotraficantes, y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, se tienen que investigar al ex gobernador Ángel Aguirre, al ex secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garmal, así como a los ahora ex titulares de la procuraduría y de seguridad (Iñaki Blanco, Leonardo Vázquez) y de Educación, Silvia Romero.

Ellos, acusó, se negaron a invertir recursos a la normal para mejorarla académicamente. Lamentó que en Guerrero, como en otros estados, a la educación se le vea como trampolín político y sus recursos económicos se usen para cuestiones electorales, no para la enseñanza.

Humberto Santos Bautista recuerda que él llegó a la dirección de la escuela en febrero de 2012 –concluyó en julio de ese año– por el conflicto que se produjo después de que fueran asesinados dos alumnos en Chilpancingo, en una protesta que hacían el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, en Chilpancingo.