Washington.

El grupo interdisciplinario que busca dar aval técnico a las acciones iniciadas por el Estado mexicano a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre pasado estará conformado por entre ocho y 10 expertos con mandato renovable de seis meses, afirmó ayer el embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa.

Señaló que los representantes de las víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negocian actualmente la cantidad exacta y el perfil de los integrantes del comité asesor, cuya creación fue acordada la semana pasada y será rubricada el martes por las tres partes en la capital mexicana. El grupo deberán emitir recomendaciones al trimestre de comenzar sus labores.

Rabasa mencionó como probables integrantes del grupo a expertos en criminalística, balística, sociología, sicología y ciencias políticas. No especificó si los especialistas serán nacionales o extranjeros.

María Isabel Rivero, portavoz de la CIDH, dijo que el acuerdo no establece la nacionalidad de los expertos.

Hay que hacer un proceso y se seleccionará a los mejores del mundo, indicó.

El diplomático aseguró que el comité quedará definido en las próximas semanas y gozará de pleno acceso a los expedientes para comparar la actuación de las autoridades mexicanas con protocolos internacionales en búsqueda de desaparecidos, análisis de líneas de investigación para dar con los responsables y elaboración de un plan de ayuda a las familias de las víctimas.

Rabasa aseguró que el hemisferio jamás ha visto una asistencia técnica tan amplia como la prevista, que justificó por el deseo del Estado mexicano de no escatimar esfuerzo alguno, nacional e internacional, político, jurídico o diplomático para conseguir resultados óptimos y con ello dar transparencia al proceso, en un clima imperante de crisis de confianza.

Indicó que la CIDH emitirá un reporte final para evaluar las medidas que el Estado mexicano adopte para atender las recomendaciones del grupo interdisciplinario. México asumirá los costos en que incurran los expertos.

Estamos frente a un caso de desaparición forzada. Queremos fortalecer nuestras capacidades institucionales para, a partir de este caso, encontrar nuevos mecanismos para mejorar nuestros procedimientos, agregó.

Cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa están desaparecidos desde el 26 de septiembre, tras ser reprimidos por la policía de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, luego de participar en una protesta.

A principios de octubre la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de los 43 desaparecidos, facultad de la comisión para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.