El gobierno de México ha fallado en la aplicación de políticas públicas para frenar las desapariciones forzadas y la impunidad, aseguraron funcionarios de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), tras advertir que debe haber en un cambio claro hacia nuevas prácticas que permitan resolver los casos presentes y evitar incidentes futuros.

El fenómeno de desapariciones forzadas en México debe enfrentarse de manera radicalmente distinta, sostuvo el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, tras subrayar que los hechos de Ayotzinapa no son nuevos, pues se han presentado otros en el pasado de la misma magnitud en distintas partes del país. Esto hace que la situación en México sea más grave, en términos de que no sólo son hechos que se han repetido, sino que en ocasiones queda también tras ellos un manto de impunidad, agregó.

Tras firmar en la cancillería un anexo al acuerdo de asistencia técnica para el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el gobierno federal y representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos, Álvarez Icaza y James Cavallaro, relator de la CIDH para México, destacaron que con este documento la comisión manda un poderoso mensaje de que no sólo se atienda el caso (de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa), sino también lo estructural, para que México desarrolle las capacidades y se frene un fenómeno de desapariciones forzadas como el que ha tenido el país.

En conferencia de prensa, Álvarez Icaza y James Cavallaro convinieron que la firma del documento debe ser un parteaguas para hacer una revisión del caso de los normalistas de Ayotzinapa y adoptar las observaciones de carácter estructural.

Acerca del grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos que realizarán la verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas, ambos destacaron que se darán a conocer pronto, a efecto de que acompañen en el terreno las investigaciones.

De acuerdo con el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan José Gómez Robledo, esta tarde se conocerá la propuesta de un grupo de enlace entre el gobierno de México y familiares de los desaparecidos.

Álvarez Icaza destacó la relevancia que tiene para la CIDH el caso de los normalistas, que se refleja en el hecho de que él mismo y el relator han estado en México en dos ocasiones”, además de que este documento es el tercero de esta naturaleza que firma la comisión en 50 años.

Es un tema de tal gravedad que debe generar no sólo encontrar a los normalistas con vida, sino un cambio radical en lo que ha venido pasando y desarrollar las capacidades a escala federal y municipal, señaló Álvarez.

El grupo de expertos tendrá un mandato de seis meses. A solicitud del Estado y de los beneficiarios de las medidas cautelares, la asistencia técnica dará inicio de inmediato; el mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.