Los siete militares implicados en el homicidio de 22 presuntos secuestradores en una bodega ubicada en Tlatlaya, estado de México, reportado el pasado 30 de junio, solicitaron al juez federal que los procesa un careo con las tres mujeres que se encontraban en el lugar de los hechos, dos de las cuales han variado sus declaraciones en otras tantas ocasiones.

Abogados de los procesados –quienes pidieron no mencionar sus nombres– informaron a La Jornada que el objetivo de los careos es lograr que las mujeres caigan en más contradicciones.

Los defensores afirmaron que el día en que ocurrieron los hechos, las tres mujeres dijeron a los ocho efectivos castrenses (hoy presos) que eran víctimas de la banda de plagiarios.

Sin embargo, una de ellas ocultó que se encontraba en la bodega por ser madre de una mujer que pertenecía al grupo de supuestos secuestradores que fueron asesinados por los militares.

Otra de las supuestas víctimas, identificada con el sobrenombre de Julia, ha variado sus declaraciones varias ocasiones: primero, el día de los hechos, dijo a un agente del Ministerio Público del estado de México que si estaba en la bodega era porque había sido raptada horas antes.

Días después de lo ocurrido, Julia fue entrevistada por la revista Esquire. A ese medio de información de Estados Unidos dijo que los supuestos plagiarios fueron heridos y minutos después asesinados por los militares, en una especie de fusilamiento.

Dos meses después de los hechos Julia cambió su versión, que originalmente había dado a funcionarios ministeriales del estado de México.

Nueva versión

En su nueva declaración, ahora ante fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) que ya habían atraído las investigaciones, afirmó que en realidad ella se dedicaba a hacer el aseo en esa bodega y que no era víctima de rapto.

Hoy, Julia y la mamá de una de las personas que falleció en la bodega se encuentran en prisión, ya que la PGR encontró una semi plena prueba para imputarles los delitos de encubrimiento y falsedad en declaraciones, añadieron los abogados.

La tercera mujer de quien se pedirá el careo con los siete militares detenidos es una joven dedicada a la prostitución.

Ella ha sido la única de las tres mujeres que desde su primera declaración sostuvo que los soldados que participaron en los hechos sí fueron recibidos a balazos.

La joven también ha sostenido desde su primera declaración que después de unos minutos de enfrentamiento los elementos castrenses controlaron las cosas, y que cuando entraron a la bodega aún encontraron con vida a varios de los presuntos secuestradores.

Según esa testigo, antes de ser ultimados algunos de los supuestos plagiarios habría dicho: Ahí muere, nos rendimos.

El pasado siete de noviembre un juez federal dictó auto de formal prisión por diversos delitos a los siete militares presuntamente implicados en la matanza de 22 personas en Tlatlaya.

Eduardo Torres Carrillo, juez primero de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, determinó iniciar a los sospechosos un juicio en un expediente en el que sólo tres soldados fueron procesados por la muerte de ocho de las 22 personas.

Según informes del Poder Judicial de la Federación, los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides fueron los únicos a quienes les abrieron juicio por el homicidio calificado de ocho personas, así como por los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

A dichos efectivos, así como a sus compañeros Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, también se les dictó prisión por ejercicio indebido del servicio público.

Al mismo tiempo, Rodríguez Martínez fue procesado por el delito de encubrimiento, por no impedir la consumación de un ilícito.