El Gobierno del Distrito Federal (GDF) hizo oficial ayer la desincorporación del predio ubicado en la esquina de las avenidas Cuauhtémoc (Eje 1 Poniente) y Obrero Mundial, el cual ocupó hasta principios de 2014 la octava delegación de policía.

En el decreto publicado este jueves se establece que el terreno se aporta al fideicomiso irrevocable de administración, formado por Banco Invex, a efecto de que se constituya el régimen de propiedad en condominio y se transmita la propiedad para realizar un proyecto de renovación del entorno urbano, social y público.

El documento tiene fecha del 29 de septiembre de 2014 y está firmado por Simón Neumann Ladenzon, en ese entonces secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Aunque en los transitorios se señala que el decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Se detalla que el 9 de diciembre de 2013 la Seduvi solicitó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales elaborar el decreto de desincorporación, para lo cual le entregó la documentación necesaria, incluyendo el levantamiento topográfico realizado en mayo de ese mismo año, autorizado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

Precisa que se desincorpora de los bienes del dominio público que forman el patrimonio del Distrito Federal el predio ubicado en las avenidas Obrero Mundial y Cuauhtémoc, y las calles de Ermita y Yácatas, en la colonia Narvarte Poniente, delegación Benito Juárez, con una superficie de 4 mil 211.01 metros cuadrados de terreno y 5 mil 50.55 metros cuadrados de construcción.

De acuerdo con el acta de la sesión del comité del Patrimonio Inmobiliario, en la que se autorizó la desincorporación de este inmueble, una parte del predio será cedido al fideicomiso 1629 para edificar el proyecto que más le convenga, a cambio de construir nuevas instalaciones para la Coordinación Territorial Benito Juárez III.

El proyecto, a cargo del Grupo Arquitech, perteneciente a la firma inmobiliaria Danhos, considera la ampliación de la Plaza Delta con una construcción de 12 niveles, que albergará un estacionamiento con capacidad para mil automóviles.

Al respecto, Christian Gallegos, representante de la organización vecinal la Voz de Narvarte, consideró que con la desincorporación oficial de este inmueble se concreta el despojo del patrimonio de la ciudad para favorecer los intereses de la iniciativa privada.

En entrevista, aseguró que analizarán las vías legales para impugnar esta decisión, pues por decreto presidencial el predio debe ser utilizado para el bien público.

El representante de los colonos reprochó que ni el gobierno capitalino ni la Asamblea Legislativa hayan escuchado a los vecinos, e indicó que están a la espera de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emita una recomendación.