a presente columna fue escrita antes de que comenzaran las movilizaciones masivas, vespertinas y nocturnas, a lo largo del país (y, conforme a sus horarios, en varias ciudades del mundo), que tomando como referencia la fecha de inicio del movimiento de violencia revolucionaria de 1910 han planteado la exigencia de que Enrique Peña Nieto deje el cargo que actualmente ocupa, que haya justicia en casos específicos (Iguala y la Casa Blanca, los más notables) y que vuelva a México una paz marcadamente perdida durante la administración de los priístas vueltos al poder federal.

La conmemoración revolucionaria (hasta ahora la más agitada de la historia, en términos políticos y sociales) tuvo en la primera parte del día una sugerente confirmación de alianzas entre el poder civil, ejercido por Peña Nieto, y el militar, a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda. Justamente en el día de la mayor movilización de protesta contra el régimen peñista, el mexiquense impugnado selló pactos y alentó vigores en la cúpula verde olivo. EPN defendió la institucionalidad que una parte activa de la sociedad considera fallida e incluso contraproducente, rechazó expresamente la violencia (cualquiera que sea su origen, puntualizó, sin advertir que estaba celebrando justamente la irrupción de la violencia maderista que devino en el régimen desde cuya cúpula ahora hablaba el propio Peña) y arengó a los militares, en las circunstancias sabidas de gran inconformidad social, a estar preparados para enfrentar los desafíos del presente (una especie de te lo digo, militar, para que lo entiendas, manifestante).

El general Cienfuegos Zepeda aprovechó esa tribuna de la ceremonia de entrega de premios y ascensos a oficiales de las fuerzas armadas mexicanas (celebrada en el Campo Marte, pues se canceló el desfile militar en el Zócalo, ante lo cual el citado general comentó enigmáticamente: la suspendieron, yo no, como si las decisiones de los civiles no fueran compartidas por él) para pronunciar un discurso más allá de los lugares comunes, que en tiempos ordinarios suelen usarse para demostrar que no es necesario traspasar los límites de lo castrense. Ahora, el titular de la Sedena tuvo que entrar en el terreno de la política circunstancial, de la interpretación de hechos, leyes e Historia, y de la fijación de posturas coyunturales, con los riesgos y distorsiones que ello entraña.

Dijo el secretario de la Defensa Nacional (se toma como referencia la nota de Jesús Aranda, publicada ayer en el portal de La Jornada) que la historia ha registrado que para superar los problemas hay dos caminos: la desunión, la intolerancia, la crítica infundada y las frustraciones que no llevan a ninguna parte, y por otro lado, el diálogo entre los sectores de la sociedad para salir adelante. Además, llamando a dejarnos de suposiciones, pues esas actitudes en poco abonan (¿no tiene ya el mexicano un olímpico derecho a suponer lo que considere adecuado? ¿De ahora en adelante sólo se podrá suponer lo que el gobierno considere que abona, una especie de pensamiento composta?), sentenció que los problemas de la inseguridad y la violencia no son sólo culpa del gobierno, sino del Estado.

El alto jefe militar se instaló militantemente del lado de la versión peñista del compló social contra las instituciones e hizo fraseos en los que se tacha de adverso a la patria a quien critique o actúe en sentido contrario a lo que el gobierno federal desea y pretende imponer. Otro distinguido representante del estatus repelido en las calles por muchos mexicanos, el ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también presentaba armas oratorias al hacer un llamado a la unidad y el orden, y rechazar el caos, la destrucción, la arbitrariedad y la violencia (ha de entenderse que pretendía endilgar responsabilidades a los manifestantes y opositores del régimen, y no a éste que ha producido justamente todo lo retóricamente mencionado por el alineado ministro).

El panorama antes de la marcha se completaba con escaramuzas en la calzada Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones del aeropuerto capitalino, que por decisión de la asamblea interuniversitaria no se intentó tomar, pero al cual concurrieron grupos de jóvenes encapuchados que sostuvieron enfrentamientos con granaderos y policías que detuvieron a algunos de aquellos. En San Lázaro, los priístas y los verdes que no suspendieron ninguna sesión durante el maratón reformista de hace meses, a pesar de los discursos y protestas de algunos opositores, ahora cancelaban la sesión porque diputados de izquierda habían colocado en la tribuna una manta conminando a Peña Nieto a renunciar y pretendían que los temas de la Casa Blanca y de Ayotzinapa fueran discutidos en esos micrófonos legislativos.

A la entrada de la SEP, en tanto, estudiantes politécnicos trabajaban en el levantamiento de un muro de material firme, en protesta por la postura de la delegación gubernamental que ha venido participando en reuniones con los paristas y en contra del nombramiento de un nuevo director, Enrique Fernández Fassnacht (quien salió de la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana justamente por sostener posiciones como las que los politécnicos rechazan ahora).

En las calles, a la hora de cerrar esta columna tempranera, iba manifestándose la otra cara de la realidad nacional, con muchos mexicanos decididos a expresarse activamente en contra de lo que hoy sucede en México, en especial en contra de la continuidad de Peña Nieto al mando formal del país. La voz de las calles tenía como telón de fondo el amago de provocadores e infiltrados y el discurso sincronizado de los poderes institucionales que parecieran decididos a acallar las críticas y a meter miedo a quienes salen a protestar. Ya no se pudo en este espacio consignar lo que más tarde sucedería, por técnicos tiempos editoriales y porque, a fin de cuentas, el autor de los presentes teclazos, como ciudadano, sumaba también sus pasos al río ciudadano que busca un México distinto. ¡Nos leemos aquí el próximo lunes!

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