s tan denso el bosque de deterioro y corrupción que emerge en este país luego del crimen de Estado de Iguala, que nos impide percibir la descomposición de muchos de los árboles que lo conforman. Así sucede con la severa crisis institucional y de gobernabilidad que se vive en el estado de Chihuahua.
La ciudadanía norteña no aguanta más. Los hechos de opacidad, tráfico de influencias, no rendición de cuentas, sumisión de todos los poderes y organismos supuestamente autónomos al Ejecutivo estatal han hecho que, si bien el panorama de violencia criminal haya amainado un tanto, la violencia institucionalizada tenga a las y los chihuahuenses al borde del hartazgo.
Hace ya mucho que viene siendo seriamente cuestionado el manejo de los recursos públicos por parte del gobernador del estado, César Duarte Jáquez. Desde agosto de 2012, la representación de Morena demandó a la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado que se esclareciera un sobrejercicio por más de 648 millones de pesos en el presupuesto estatal el segundo trimestre de 2012, el de la coyuntura de las elecciones presidenciales de ese año. Hasta ahora no hay respuesta.
Muchos y muy diversos sectores han cuestionado el galopante endeudamiento del gobierno del estado, que en la actual administración pasó de 13 mil millones de pesos en 2010 a casi 42 mil millones en 2014. La Secretaría de Hacienda responde aclarando con distinciones escolásticas lo que es deuda y lo que no, pero nunca dice adónde se destinó esa milmillonada, a qué contratos, a qué beneficiarios.
La acusación más grave la presentó el licenciado Jaime García Chávez a finalees de septiembre ante la PGR y la fiscalía estatal. Es contra el propio gobernador, el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, y el presidente de la Junta Central de Aguas, Carlos Hermosillo, por peculado y enriquecimiento ilícito. Según dicha denuncia, el gobernador y su esposa habrían formado el fideicomiso no. 744743 en Banorte, con 65 millones de pesos, mismos que le ordenaron invertir en el naciente Banco Progreso, del cual el actual secretario de Hacienda es también presidente. No sólo eso, el gobierno del estado habría invertido más de 800 millones de pesos en dicho banco a una tasa muy por debajo de las promedio, causando un serio daño al erario. Hasta ahora, tanto el gobernador como el secretario de Hacienda-banquero, y el propio banco, se han involucrado en una feria de negativas, aunque incurriendo en graves contradicciones entre ellos. No hay atisbos de investigación ni por parte de la PGR ni de la fiscalía del estado. Y, a diferencia del caso de la Casa Blanca de Las Lomas, aquí no se ha enviado a hacer ninguna aclaración pública a la siempre sacrificable consorte del poderoso.
Tan delicada es esta situación que 40 senadores de varios partidos se sumaron a una propuesta de punto de acuerdo iniciada por el senador chihuahuense Javier Corral para demandar la investigación del gobernador César Duarte. El miércoles 19, Corral subió el punto de acuerdo a tribuna. Obtuvo 40 votos a favor y 38 en contra, por lo que no pudo considerarse como de urgente resolución. Sin embargo, ningún senador o senadora priísta habló a favor de su gobernador Duarte.
La separación de poderes se ha acribillado en Chihuahua. El gobernador ha manejado a su gusto la nominación de los integrantes de los organismos otrora autónomos, como el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. A pesar de que varias personas y organizaciones sociales han recurrido legalmente los nombramientos de los titulares de ambos organismos, sus titulares son quienes garantizan sometimiento al Ejecutivo.
La subordinación del Legislativo y el Judicial al gobernador acaba de tener su episodio más lastimero este mismo mes de noviembre. A toda prisa, el Congreso del estado reformó la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado obligando a los magistrados del mismo a jubilarse de inmediato, independientemente de su antigüedad. En un contexto en que a la mayoría de los burócratas se les retrasa la edad de jubilación, se adelanta a los magistrados, cuya edad es de entre 49 y 60 años, y se les mantendrán el resto de su vida el salario base y la compensación adicional, que por ahora alcanza 140 mil pesos.
En lugar de ellos, se nombra a quienes acuerdan en conciliábulo los líderes priístas del Ejecutivo, el Legisativo y e Judicial, cediéndole dos magistraturas al PAN. Se dejan de fuera las críticas y las propuestas de organizaciones independientes de abogados y organizaciones de derechos humanos. Se atropellan los derechos de varias de las personas que cuentan con carrera judicial para favorecer a algunos ex legisladores incondicionales del gobernador. Se incumplen las cuotas de género pues de un total de 13 nuevos magistrados, sólo se nombra a tres mujeres. En síntesis, una reforma de conveniencia, ordenada a la carta por el Ejecutivo, cumplida por el Legislativo y operada por el Judicial.
Corrupción, autoritarismo, sumisión de poderes, abyección de instituciones como la Universidad Autónoma de Chihuahua, peculado, enriquecimiento inexplicable, ataque a las personas críticas, represión a movimientos como el de El Barzón. El gobierno del estado propicia en Chihuahua todo lo que puede conducir a un estallido de violencia.
Si no fuera porque un amplio grupo de ciudadanas y ciudadanos, sin partido y de varios partidos, han dicho basta y están decididos a construir un Chihuahua libre de corrupción, de antidemocracia, de violencia. Estas y estos chihuahuenses libres arrancan un movimiento llamado Unión Ciudadana con un foro de denuncia, de compromiso, amplio y plural, este viernes 28. Tal vez sea el inicio del estallido civil no violento que estamos esperando.
