Las Vegas.

El presidente Barack Obama comenzó este viernes la defensa de su proyecto para dar permiso temporal de permanencia en Estados Unidos a unos 5 millones de indocumentados –anunciado el jueves por la noche– con un discurso ante estudiantes de secundaria, en el cual demandó a los congresistas republicanos que aprueben la ley para una reforma integral del sistema migratorio.

La campaña de Obama se inició horas después de que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió que los legisladores no se quedarán cruzados de brazos, pero no ofreció detalles de qué acciones concretas adoptará la legislatura para frustrar el plan de acción de Obama, a través de medidas ejecutivas.

Les diré que la cámara, de hecho, actuará, señaló John Boehner, representante de Ohio. Escucharemos al pueblo estadunidense, laboraremos con nuestros miembros y trabajaremos para proteger la Constitución de Estados Unidos.

La verdad es que no todos podrán calificar para las medidas. La verdad es que aún vamos a tener que aprobar una ley. Este es apenas el primer paso, no el único, subrayó Obama, quien insistió en que la política de ignorar o deportar migrantes irregulares no es realista, por lo cual espera que las personas que están aquí acepten las reglas del juego.

Mientras Obama hablaba en Las Vegas, la Casa Blanca divulgó las dos primera medidas firmadas por Obama.

La primera, una resolución ejecutiva de cuatro páginas, decreta la creación de un grupo especial de alto nivel que presentará opciones para facilitar la integración de migrantes y refugiados a la sociedad estadunidense.

El documento determina que el grupo estará formado por los secretarios de Estado, Justicia, Comercio, Trabajo, Educación, Salud y Desarrollo Urbano.

La función central de esa comisión será revisar las políticas y programas oficiales e identificar acciones que puedan ser aplicadas para aumentar relaciones significativas entre los nuevos estadunidenses y la comunidad que los recibe.

La segunda medida determina que en 120 días el Departamento de Seguridad Interna coordinará la revisión de todo el sistema de otorgamiento de visas, el cual contemplará a trabajadores migrantes altamente calificados.

Se estima que existen 11.2 millones de migrantes no autorizados en Estados Unidos, pero el plan de Obama sólo beneficiará a unos 5 millones y el resto podría regularizarse hasta que el Congreso apruebe una ley de más amplio alcance.

Cientos de indocumentados se concentraron por la tarde frente a la Casa Blanca para agradecer a Obama su decisión, aunque activistas en otros estados, como California, expresaron su descontento por los limitados beneficios.

Esta situación podría prestarse para fraudes de abogados y en previsión de acciones de este tipo los consulados de México activaron una campaña de orientación, en virtud de que la mayoría de los beneficiarios del plan ejecutivo de Obama son mexicanos.

Del lado opositor a las reformas, el sheriff Joe Arpaio, duro crítico del gobierno en cuanto a la aplicación de normas migratorias, presentó en Phoenix una demanda ante un tribunal federal para tratar de impedir que sean aplicadas las medidas anunciadas por Obama, a quien acusa de haberse excedido en sus funciones al imponerlas por decreto, en vez de trabajar con el Congreso.

El argumento de Arpaio es también la principal crítica de los republicanos, aunque hay prominentes demócratas que lo defienden, como el gobernador de California, Jerry Brown.

La Presidencia difundió un estudio de su Consejo de Asesores Económicos para subrayar que el plan de acción migratorio estimulará el crecimiento económico, al ampliar la mano de obra e incrementar la productividad laboral.