e acuerdo con un reporte publicado por el diario The Wall Street Journal, agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos participan en operativos realizados por la Secretaría de Marina, portando armas y uniformes de esa institución. De acuerdo con el rotativo, entre esas misiones armadas estaría la realizada para capturar a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, en febrero pasado.

En años recientes, la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país ha sido documentada de diversas maneras: desde los cables filtrados por WikiLeaks y reseñados por La Jornada hasta la publicación de notas como la comentada, generalmente en diarios estadunidenses, que informan sobre la operación de agentes e instancias de seguridad de ese país en nuestro territorio. Sin embargo, el dato revelado por The Wall Street Journal, de ser confirmado, revelaría que esa injerencia se ha agravado hasta niveles presumiblemente ilegales y que los gobiernos de México han avanzado un escalón más en lo que se refiere a la abdicación de potestades soberanas. El hallazgo implicaría que gobiernos extranjeros realizan, con recursos del Estado mexicano –como son las armas y uniformes de la Marina–, actividades nacional y de seguridad pública que sólo corresponden a las corporaciones nacionales e incluso podría exhibir un sometimiento de esa corporación armada a un gobierno de otro país.

Durante el sexenio pasado, los integrantes del gabinete pretendieron defender ante la opinión pública algo que por principio no debiera ocurrir y que acentúa la percepción de una grave debilidad de las autoridades mexicanas y de un manejo gubernamental de la seguridad pública y el combate al crimen que resulta contrario a los principios de soberanía e independencia nacionales. La actual administración, por su parte, ha manejado ese tema con un silencio similar al que ha exhibido sobre otros asuntos relacionados con la violencia derivada de las acciones gubernamentales de combate al crimen organizado.

Sería desastroso que las autoridades actuales defendieran las operaciones reveladas por el Journal con el argumento de que gracias a éstas se han obtenido avances en el combate a grupos delictivos, como la captura de El Chapo: en primera, porque esos logros, en todo caso, se habrían originado en una circunstancia irregular –la operación de agentes extranjeros en territorio nuestro y con uniformes de un cuerpo castrense nacional– y porque tal afirmación soslayaría que, en el marco de esa misma cooperación, el gobierno de Washington ha abastecido de armas a las organizaciones criminales que operan en México, mediante operativos como Rápido y Furioso y Receptor Abierto, al mismo tiempo que proporciona apoyo a las armadas gubernamentales.

Por si fuera poco, la presencia de agentes extranjeros en las filas de las fuerzas armadas de México representa un grave factor de riesgo para el país y su población a la luz de la experiencia histórica, por la posibilidad de que esos efectivos sean secuestrados o asesinados por el crimen organizado: el punto de referencia ineludible es el oscuro homicidio, en febrero de 1985, de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de esa misma corporación cuyo cadáver apareció un mes después en el rancho de El Mareño, ubicado en Michoacán. Ese homicidio trastocó gravemente la relación bilateral y expuso a México a terribles chantajes diplomáticos, a violaciones de su soberanía, como el secuestro y traslado ilegal de varios ciudadanos mexicanos a territorio del país vecino para ser juzgados en sus tribunales y, posteriormente, a una campaña de abierta hostilidad y presiones políticas que, entre otras cosas, se expresó en los humillantes procesos de certificación antidrogas por parte de Washington.

Con estos elementos de juicio, la operación de agentes estadunidenses en las filas de la Marina resulta insostenible. En todo caso, si el gobierno mexicano ha cobrado conciencia de su propia incapacidad para combatir a los cárteles de la droga, lo procedente y necesario sería la modificación de la estrategia gubernamental en la materia, no recurrir en busca de ayuda a agencias de Washington ni mucho menos en calidad de falsos efectivos de nuestras fuerzas armadas.