a Procuraduría General de la República confirmó ayer el envío a penales de máxima seguridad de Nayarit y Veracruz de 11 de los detenidos en la manifestación del pasado 20 de noviembre en el centro de la ciudad de México, que se efectuó en protesta por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala desde hace casi dos meses.
Entre los consignados, acusados de delitos como homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín, se encuentran estudiantes y activistas como el ciudadano chileno Laurence Maxwell Ilabaca, quien, de acuerdo con la cancillería de su país, no tuvo participación alguna en los enfrentamientos entre manifestantes y antimotines, así como el estudiante de artes plásticas Atzín Andrade González, cuyo arresto, videograbado y difundido en redes sociales, forma parte del cúmulo de atropellos y detenciones arbitrarias cometidas por la policía capitalina durante los hechos del pasado jueves.
Es lamentable, en primer lugar, que una manifestación de protesta por un crimen perpetrado por una fuerza policial, como es el asesinato y la desaparición de estudiantes normalistas en Iguala en septiembre pasado, se salde con abusos de autoridad contra ciudadanos inocentes. Las detenciones arbitrarias y sin fundamento se traducen en una vulneración de la legalidad por quienes están encargados de hacerla prevalecer, lo que debilita el estado de derecho, acelera el descrédito de las instituciones y multiplica el descontento, de por sí vasto, que recorre el país.
Por lo demás, tan condenable como el atropello policial reiterado contra ciudadanos inocentes, la incapacidad de las fuerzas del orden para distinguir entre inocentes y presuntos culpables, y la detención injustificada de personas al azar, es el hecho de que los ciudadanos que son arrestados en esas circunstancias reciban, unas cuantas horas después, un trato jurídico equiparable al de asesinos, narcotraficantes y secuestradores, y que sean enviados a penales federales con una velocidad inusual para las instituciones nacionales de procuración e impartición de justicia.
Al respecto, no puede omitirse que en los recientes dos días, luego de los excesos represivos cometidos por policías capitalinos y federales en la histórica concentración del pasado jueves, el gobierno federal ha ensayado intentos discursivos por justificar el uso excesivo de la fuerza y por criminalizar las protestas sociales en un momento en que la suma de indignaciones que recorren el país parecen haberse articulado en torno al reclamo de la búsqueda y presentación de los 43 normalistas secuestrados en Iguala.
Según puede verse, esa tendencia ha pasado del discurso a los hechos, pues la arbitrariedad con que actuaron los uniformados que dispersaron la concentración, así como los agentes del Ministerio Público que consignaron a los detenidos, no puede entenderse si no es como una forma de amedrentar a quienes han participado en esos actos masivos y de inhibir la realización de próximas movilizaciones.
Semejante perspectiva es inadmisible, porque revelaría una institucionalidad que no sólo no ha podido aportar un solo dato duro y verosímil sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, sino que, además, comienza a concentrarse más en acallar y reprimir las expresiones de descontento suscitadas por ese crimen que en esclarecerlo.
