Madrid.

Tras las presiones del gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, y en contra del criterio de la Fiscalía Superior de Cataluña, la Fiscalía General del Estado presentó una querella criminal contra el presidente catalán, Artur Mas, y dos miembros más de su gobierno, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau. El motivo fue la consulta ciudadana del pasado 9 de noviembre –2 millones 300 catalanes formaron parte de un acto de participación ciudadana–, en la que se pronunciaron sobre la independencia de la región.

La fiscalía española presentó la denuncia por los delitos de prevaricación, desobediencia, malversación y usurpación de funciones. La medida no ha estado exenta de polémica, sobre todo porque el órgano competente para presentar la acusación, la Fiscalía Superior de Cataluña, decidió por unanimidad de su órgano colegiado que no había delito que perseguir por la consulta del 9 de noviembre.

Sin embargo, la Fiscalía General, instancia superior y cuyo titular, Eduardo Torres Dulce, fue nombrado a propuesta del gobierno español, se empeñó en que se diera el paso y así abrir una causa judicial contra la cúpula del gobierno catalán.

El fiscal concluyó que los tres dirigentes políticos catalanes dispusieron de fondos públicos sin cuantificar para consumar la desobediencia a la suspensión, facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta, por lo que ha destinado a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones.

Asimismo, entiende que las actuaciones analizadas lesionan claramente el bien jurídico protegido por el delito de prevaricación, que no es sino el recto y normal funcionamiento de la administración pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución.

En respuesta a la querella, el vocero de Convergencia i Unio en el Parlamento regional, Jordi Turull, advirtió que se trata de una persecución política impropia en una democracia del siglo XXI, que lo único que hace es reforzar el proceso catalán en favor de la secesión del Estado español.