l derecho a la indignación pacífica se expresó el jueves nuevamente, a pesar de un pequeño grupo de provocadores. No veo que la movilización social decrezca en el horizonte más inmediato y más bien los próximos 10 días serán cruciales. Para avanzar en un solución que articule justicia y paz, movilización como medio de producción de instituciones es indispensable desagregar la complejidad de los problemas involucrados.
Como se ha insistido es imposible avanzar en otros ámbitos sin una convincente y comprobada narrativa sobre los 43 normalistas desaparecidos. Junto a lo cual el castigo penal y político a todos involucrados en los diversos crímenes requiere ser expedito e irrefutable.
Para resolver el centro visible de esta profunda crisis es necesario recorrer el itinerario que desemboca en el momento actual.
Las reformas estructurales de los 90 necesitaban de dictaduras militares o de gobiernos autoritarios para llevarse a cabo. Veinte años después en regímenes democráticos, la construcción de consensos exige un enorme esfuerzo de negociación política y una profunda y deliberada reconstrucción institucional.
Las reformas estructurales de 2013 se impulsaron en el ámbito de una democracia caracterizada por su debilidad institucional. Otras prácticas operativas no formalizadas pero con fuerte incidencia –especialmente el clientelismo, patrimonialismo y en efecto, la corrupción– llenan los vacíos no ocupados por las instituciones formales, junto a diversos patrones altamente desagregados de acceso directo al diseño de políticas públicas. La democracia delegativa (O’Donnell) supone una ciudadanía relativamente pasiva cuyo mayor acto político es concurrir regularmente a las urnas.
Pero en la sociedad mexicana proliferan junto a manchas de intolerancia y delincuencia, nodos de activismo cívico. Faltan espacios vinculantes más permanentes, pero ahí está la energía. En esos ámbitos se libra la reconstrucción de un estado democrático de la sociedad. Se trata de una forma de activismo ciudadano que combina movilizaciones, expresiones urbanas de protesta, negociaciones y propuestas programáticas. Sus narrativas están insertas de manera notable en el amplio espectro de los derechos humanos perfilando así una democracia liberal que intenta responder a cómo gobernar el pluralismo.
Me parece que la disputa política hoy se define entre quienes asumen la democracia como un compromiso con el pluralismo sustentado en el respeto y la ampliación de los derechos fundamentales, y quienes con argumentos relacionados con la gobernabilidad buscan reducir la democracia a su ámbito procedimental.
El economista heterodoxo Albert Hirschman, utilizando en un ensayo la figura del posibilista
convocaba a la experimentación y a confrontar la realidad contra las panaceas, que siempre erigen barreras para entender bien y para actuar mejor.
Jeremy Adelman, autor de una gran biografía intelectual de Hirschman (2013), dice que la “brújula ética del posibilista era un concepto de libertad definida por Hirschman como el derecho a un futuro no pronosticado
. El derecho a un futuro no pronosticado es en realidad un ejercicio de reformismo adaptativo.
En esta perspectiva, creo yo, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) elaboró un documento que suscribimos muchos colegas intitulado Las ruinas del futuro (www.ietd.org.mx/mexico-las-ruinas-del-futuro/) cuya lectura sugiero. Entre otras reflexiones se proponen siete temas para el acuerdo político y social, entre los cuales la prioridad a los derechos humanos, la reforma de las instituciones de justicia y la reconstrucción del ámbito municipal, el tema de la pobreza y la desigualdad y el rescate e impulso de las normales y las normales rurales; el combate a la corrupción y la discusión sobre cómo enfrentar la evidente crisis de representatividad.
