La ciudad de México actualizará su sistema de justicia penal a mediados de enero del próximo año, informó el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

En la apertura del Encuentro Nacional de Procuración y Administración de Justicia y ante el presidente Enrique Peña Nieto, el funcionario habló del imperativo de tener paz, no como asunto local o federal, sino de la nación entera, y todos debemos contribuir en ello.

También se refirió al necesario compromiso coordinado entre todos los órdenes de gobierno hacia esa tarea y que no dejemos un solo municipio sin que pueda encontrar el acceso a la justicia.

En la ceremonia, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que el nuevo sistema de justicia penal es necesario para construir un país en el que el Estado de derecho se convierta en una realidad plena, vigente y total, porque implica la protección sustancial del ciudadano, y esa es nuestra tarea.

Las nuevas normas, apuntó, requieren funcionarios perfectamente bien capacitados y con vocación que incluya principios éticos, conocimiento, espíritu de servicio y entrega al trabajo.

Se refirió entonces –e ilustró con un video– al nuevo Centro de Formación Profesional, ubicado en Querétaro, el cual atiende la formación y actualización de los funcionarios de justicia. Murillo lo puso a disposición de todos los estados para capacitar a su personal y avanzar en la instauración del nuevo sistema penal.

En su oportunidad, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, felicitó a Peña Nieto por su voluntad para lograr un México moderno y en paz al haber impulsado con trazo certero los cambios en materia de justicia penal. Estamos todos con usted, señor presidente, pues genera confianza y certidumbre a los mexicanos, dijo.

El magistrado se pronunció por dar autonomía presupuestal para garantizar los montos de gasto e inversión a la función judicial, e incluso pidió crear un fondo nacional para el desarrollo de la justicia, a partir de remanentes anuales de las entidades federativas, pues el gasto corriente se duplicará en forma automática con la entrada en vigor de la reforma penal.