Buenos Aires.

El secretario argentino de Justicia, Julián Álvarez , calificó la reciente decisión del juez federal Claudio Bonadío de ordenar el allanamiento a oficinas de Hotesur , una empresa ligada a un hotel en el sur donde la presidente Cristina Fernández de Kirchner tiene acciones, como un acto claramente de golpismo institucional , tratando de formar un un escudo mediático de protección propia ante las diversas causas abiertas en su contra en el Consejo de la Magistratura, desde hace tiempo.

En una entrevista con el matutino Página 12, Álvarez explicó que la semana pasada, mientras se realizaba el plenario del Consejo de la Magistratura para elegir a sus nuevas autoridades, que no son del sector judicial del agrado de Bonadío, éste realizó allanamientos injustificados a la inspección general de justicia y a la empresa Hotesur, para supuestamente obtener documentación que podía solicitarse directamente.

La denuncia fue hecha en el programa de Jorge Lanata, del Grupo Clarín activo denunciante contra el gobierno, aunque luego nada se pueda probar. Fue el pasado 8 de agosto y al otro día la diputada radical Margarita Stolbizer, llevó la denuncia ante una fiscalía, en base a los dichos de Lanata, de que existirían irregularidades en la empresa Hotesur.

La denuncia de Stolbizer es contra la presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak y esta presentación se produjo en el juzgado de Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, quien de inmediato ordenó investigar la sospecha.

De acuerdo al diario Tiempo Argentino, el mismo fiscal Stornelli a mediados de 2013 desestimó rápidamente una denuncia contra la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, realizada por el abogado Gustavo Ogni por presunto enriquecimiento ilícito, por no declarar una chacra (rancho) comprada en un club de campo privado.

Por su parte, Álvarez quien define como Operación Escudo lo actuado por Bonadío en estas últimas horas, advierte que el juez intenta lograr protección en los medios de comunicación opositores y de esta manera presionar al Consejo de la Magistratura, que debe definir la situación del juez ante nueve acusaciones en ese organismo por mal desempeño de sus funciones.

Entre las nueve causas en su contra figuran por mal desempeño en sus funciones, especialmente en casos de la defraudación contra el Estado Nacional durante la privatización de la empresa Tandanor, en los años 90 y en un tema de créditos a la Curtiembre Yoma (familiares políticos del ex presidente Carlos Menem).

Existe otra acusación grave contra Bonadío por excesivas e injustificadas demoras que motivaron a la prescripción de las causas, generando con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado, señala el secretario de Justicia.

Fue el caso del 8 de agosto pasado cuando este mismo juez dictó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por presuntas irregularidades en la transferencia de un automóvil, en el año 1993. Precisamente el 7 de agosto, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó la citación de Bonadío por su actuación en la causa en la que se investigó el contagio de cientos de pacientes con sida en la que el juez está acusado de demorar en forma injustificada un expediente, que finalmente prescribió, en el cual se investigó la adulteración de un medicamento suministrado a hemofílicos que padecieron por ello el VIH y hepatitis, y por el cual muchos de ellos murieron.

Todo esto explicó Álvarez en la entrevista con Página 12, recordando que Bonadío es un juez del menemismo; es el caso más emblemático de los jueces de la servilleta que respondían directamente a Carlos Corach (ministro del Interior entonces); antes de ser juez fue subsecretario de Corach. Ahora Bonadío, en vez de guiarse por la imparcialidad, se guía por sus conexiones políticas y por sus vinculaciones con el opositor Frente Renovador.

Estamos ante una cuestión de gravedad institucional, que está afectando la investidura presidencial y claramente se está condicionado la actuación del Consejo de la Magistratura, denunció Álvarez, quien adelantó que se hará un planteo de que no se puede ejercer justicia a través de la coacción.

En esta batalla teñida de las necesidades electorales de una oposición que hace alianzas impredecibles, que se deshacen rápidamente, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, denunció por sedición a ocho de los 28 senadores opositores que firmaron un documento comprometiéndose a no tratar el pliego de un eventual remplazante del juez de la Corte Suprema EugenioZaffaroni quien renunciará en enero próximo, y se negarán a tratar cualquier propuesta que envíe la mandataria.

Barcesat sostiene que la corte no puede continuar si no tiene el número de jueces que se han asignado, es decir cinco. Están produciendo un alzamiento que no requiere el uso de la violencia, sino que acuerdan ir contra la Constitución y la ley; pero lo más grave es que no lo hacen diez personas que viven en un barrio y no les gusta el que quieren designar para un cargo -aunque no serviría de nada-, sino que lo hacen personas que juraron respetar las normas en nombre de los ciudadanos, dijo.

Amenazas para diciembre

En tanto, y dentro de esta maraña judicial, donde también se ve la mano de muchos de los magistrados que están siendo juzgados por su activa participación durante la pasada dictadura militar (1976-1983) en crímenes de lesa humanidad, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, advirtió que existen informes confidenciales sobre diferentes movimientos de actores políticos para generar lo mismo que hicieron el año pasado es decir una serie de saqueos para crear caos, coincidiendo con otras maniobras que están en marcha.

Son intentos de saqueos focalizados dijo Berni, y afirmó que mantuvo reuniones con todos los fiscales generales, y la semana que viene nos reuniremos con los jueces federales, para tener aceitado un mecanismo de control.

Se refirió en relación a los posibles implicados a algunos actores del viejo peronismo, del peronismo arcaico, que tuvieron una participación esencial en 2001 de estar detrás de los preparativos y algunos grupos sociales que dependen políticamente de uno de los candidatos a presidente, (el ex gobernador de Santa Fe, Hermes) Binner, en referencia a las agrupaciones Barrios de Pie y Libres del Sur, que integran el Frente Amplio UNEN.