Organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos dieron a conocer ayer que a los 11 jóvenes detenidos en la marcha del 20 de noviembre y enviados a penales de Veracruz y Nayarit se les sigue el proceso en el juzgado 17 de distrito con sede en Xalapa, Veracruz, en la causa penal 45/2014-A. En éste se van radicar todas las denuncias de los hombres y mujeres arrestados el jueves pasado que ya fueron consignados.

Asimismo, dieron a conocer que fueron informados, de manera extraoficial, que se han retirado a los aprehendidos los delitos de terrorismo y delincuencia organizada, que alcanzaban penas de hasta 60 años sin derecho a fianza.

Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd); Omar Rábago Vital, director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Miguel Moguel, de Fundar Centro de Análisis e Investigación; Erandi Villavicencio, de la Comisión de Enlace Asamblea Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México, y Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, denunciaron que con ese tipo de acciones el gobierno quiere inhibir la protesta social y criminalizarla. Pretende generar miedo para que los jóvenes y la sociedad no vayan a las movilizaciones.

Jesús González, del Imdhd, subrayó: “Desde este espacio –el Cencos, donde se realizó la conferencia– llamamos a los estudiantes y a los ciudadanos a continuar manifestándose, a no tener temor a ser detenidos. Están ejerciendo un derecho constitucional, mismo que debe respetarse”.

Villavicencio, Rábago, Cerezo y Moguel, cada uno durante sus intervenciones, destacaron que es irregular que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haya detenido a los jóvenes y los haya entregado a la Subpocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República.

Además, sostuvieron los dirigentes y representantes de las organizaciones civiles, se violaron garantías fundamentales, entre ellas el debido proceso y acceso a la justicia a los detenidos, ya que, acusaron, el gobierno los mantuvo incomunicados. Algunos están golpeados y les asignaron abogados de oficio. No permitieron el acceso de los defensores que contrataron los familiares de los hoy recluidos o de los abogados de las organizaciones civiles.

El mensaje

Los defensores de los derechos humanos aseveraron que lo que quiere el gobierno de Enrique Peña Nieto es mandar el mensaje del miedo, de no marches, de no acudas a movilizaciones porque te vamos a detener, y eso ha estado presente desde hace dos años, es decir, desde que en la toma de posesión del Ejecutivo federal fueron aprehendidos y golpeados decenas de jóvenes.

Cuestionaron: “¿por qué a dos años de las primeras capturas de jóvenes en este gobierno no se saben quiénes han sido los provocadores? ¿Por qué si el gobierno federal tiene el control de la seguridad nacional, a estas alturas no ha informado a la opinión pública quién es ese grupo al que denomian anarcos que se infiltra en las protestas para provocar desmanes?”

Insistieron: ¿por qué a dos años de que ese grupo se infiltró en las movilizaciones para generar desmanes no ha sido detenido o por qué no nos han informado quién los financia, a quién obedecen y quién los protege? Eso habla muy mal de la seguridad nacional, subrayaron.

Exigeron que se ponga fin a los abusos y a las violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno contra los manifestantes; respeto a la garantía fundamental del debido proceso de los detenidos el pasado 20 de noviembre, porque fueron arrestos ilegales contra personas que ejercían su derecho a la protesta.

Indicaron que más de 100 organizaciones civiles y colectivos demandan respeto a los derechos humanos, e hicieron un llamado al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para que solicite al gobierno mexicano información de los aprehendidos y sus procesos.

De igual forma, anunciaron que recurrirán a todas las instancias internacionales en demanda de justicia.

Por otra parte, ayer por la tarde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que envió visitadores, médicos y abogados a los penales federales femenil número cuatro de Tepic, Nayarit, y al número cinco de Villa Aldama, Veracruz, para entrevistarse con las 11 personas consignadas por los hechos de la noche del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino y las inmediaciones del aeropuerto.

La CNDH indicó que el objetivo de las entrevistas a los detenidos es para verificar las condiciones de internamiento y salud de los consignados, así como supervisar que se permita el acceso de los familiares y sus abogados.

Explicó que ninguno de los centros de reclusión a los que fueron enviados los 11 jóvenes es considerado de alta seguridad.