egún datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre enero y septiembre de este año la administración pública ha perdido 44 mil 454 millones de pesos en juicios promovidos por 20 mil 145 causantes, grandes empresas la mayoría. A tal pérdida, que se concreta por medio de la cancelación de impuestos o su devolución a los quejosos, deben sumarse 286 mil 842 millones de pesos de la llamada cartera de créditos fiscales controvertidos que son motivo de diferendos administrativos o de litigios judiciales, y cuyo destino depende de los fallos que emitan los jueces encargados de los casos correspondientes.

Ello significa que el erario está en riesgo de quedarse sin una suma equivalente a más de 6 por ciento del presupuesto de egresos aprobado para 2015 (poco más de 4 billones 676 mil millones de pesos). El dato es inquietante por sí mismo, y mucho más si se considera que llos precios del petróleo en los mercados internacionales están ya por debajo de las estimaciones mínimas oficiales y, de prosperar la reforma energética recientemente implantada, el Estado cederá a empresas particulares buena parte de la renta petrolera.

Pero el problema planteado por el desmesurado monto de los créditos fiscales controvertidos no es sólo el del desajuste que genera, inevitablemente, en las finanzas públicas, sino que deja también al descubierto la grave inequidad que impera en los hechos en el sistema fiscal: para que un causante logre la cancelación o la reducción de montos impositivos relevantes por medio de recursos administrativos o de procesos judiciales contra el SAT debe recurrir a despachos de contadores y bufetes de abogados especializados, y tales entidades no trabajan para cualquier persona física o moral, sino se enfocan en consorcios capaces de retribuirles sus servicios, sea por adelantado o mediante un porcentaje de los impuestos cancelados o devueltos.

Es decir, si en la letra legal existe un trato igual para todos los causantes, en la realidad existe una tremenda asimetría entre quienes tienen menos ingresos y quienes operan con volúmenes de negocio que les permiten enfrentar a Hacienda en los tribunales o en instancias administrativas. Ello, a su vez, implica que el sistema fiscal alienta, agranda y generaliza las desigualdades económicas y sociales, contribuye a la concentración de la riqueza en unas cuantas manos individuales o corporativas y alimenta, de esta manera, la perpetuación de las injusticias sociales, el predominio de los monopolios y la debilidad estructural de una economía concebida y operada para transferir los recursos de la base a la punta de la pirámide socioeconómica.

Por lo demás, a las querellas administrativas y judiciales contra la autoridad fiscal han de sumarse los programas de regularización, como esa especie de borrón y cuenta nueva aprobado por la Cámara de Diputados como parte de la ley de ingresos correspondiente a 2013, que constituyó un regalo monumental de dinero público para las grandes corporaciones morosas: en aplicación de esa directiva se puso en práctica en el primer semestre del año pasado un programa denominado Ponte al corriente, que en una de sus operaciones más polémicas anuló en favor de Televisa una deuda fiscal de 3 mil 334.9 millones de pesos.

Las situaciones fiscales comentadas tienen, como ya se ha dicho, un indudable fundamento legal, pero son emblemáticas de esos casos en los que las leyes y la moral marchan en direcciones opuestas.