Violó la ley al construir presa: Korenfeld
Niega tinte político-electoral
El gobernador de Sonora tendrá 20 días para presentar pruebas
Jueves 27 de noviembre de 2014, p. 38
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, informó que ese organismo inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por la construcción de una presa en el rancho de su familia conocido como Pozo Nuevo, en el municipio de Arizpe.
En entrevista, antes de comparecer en privado ante integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, dijo que el mandatario panista tendrá que presentar pruebas a más tardar en 20 días y la autoridad tendrá 40 para resolver.
El funcionario federal explicó que se decidió sancionar al gobernador por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales, luego de la inspección de campo.
Rechazó que el caso tenga tintes políticos o electorales y sostuvo que se trata de procedimientos que inicia la Conagua, sin distingo de partidos.
En Sonora, para que todo mundo esté tranquilo, son cuatro procedimientos distintos a cuatro propietarios de terrenos, donde encontramos que se requiere aclarar el uso y destino de las aguas nacionales
, apuntó.
El 23 de septiembre pasado el diputado federal priísta Francisco Astiazarán aseguró que la presa construida por Padrés Elías para dotar de agua a su rancho no tenía justificación legal.
Se trata, dijo, de inversiones superiores a 300 millones de pesos en una propiedad que apenas en 2009 iba a ser embargada a la familia por incumplimiento de pago de unos invernaderos construidos años antes.
Sostuvo que la concentración de agua en dicho embalse provocó escasez en las comunidades aledañas, y los habitantes de Bacanuchi, municipio de Arizpe, reportaron que la sequía provocó pérdidas económicas sin precedente a los productores de la región.
Por otro lado, Korenfeld detalló que el gobierno federal vigilará de manera permanente durante los próximos cinco años los ríos Sonora y su afluente, el Bacanuchi, contaminados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, que encabeza Germán Larrea.