urante las protestas por el caso Ferguson en Los Ángeles, 323 personas fueron arrestadas y otras 35 en Oakland. De acuerdo con voceros del Departamento de Policía de LA, 130 de esas personas fueron detenidas por quebrantar el orden público en las calles Hope y Sexta, después que un grupo de manifestantes se negó a acatar la orden de dispersarse.

El hecho es una de las múltiples manifestaciones que se registraron durante esta semana a raíz del veredicto judicial que exculpó al policía que asesinó el 9 de agosto al joven afroestadunidense Michael Brown, de 18 años.

La propia localidad de Ferguson, a raíz de ese homicidio, se vio cimbrada por violentas protestas en contra de la brutalidad y el racismo policiales que derivaron en confrontaciones entre manifestantes y fuerzas del orden y obligaron al gobernador de Misuri, Jay Nixon, a pedir el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de la localidad.

La propagación de las manifestaciones a diversas ciudades estadunidenses pone en perspectiva el descontento generalizado de una sociedad que tiene como detonador coyuntural la histórica e innegable orientación racista de las autoridades y las instituciones de justicia contra los habitantes negros del vecino país.

El correlato de este descontento es una respuesta autoritaria, represiva e improcedente de corporaciones policiales, que no se circunscribe a un par de condados californianos ni al municipio de Ferguson, sino que se extiende como parte de un clima generalizado de criminalización de protestas sociales pacíficas.

Más allá de la adopción de decisiones institucionales polémicas, equívocas y poco receptivas respecto del sentir social, los escenarios represivos descritos son el correlato lógico de una concepción paranoica de la sociedad por parte del gobierno y una propensión a poblar sus cárceles como una medida de control social.

No es casual que Estados Unidos sea el país que encarcela a más personas en el mundo (con menos de 5 por ciento de la población mundial, tiene cerca de 25 por ciento de la población penitenciaria del orbe), amén de contar con un sistema que impone condenas severísimas e injustificables –empezando por la pena de muerte– y que está viciado por un componente racial ineludible.

Dicha tendencia, en conjunto con el mencionado ánimo represivo que se ha exacerbado en semanas y días recientes, configura un círculo vicioso en el que las acciones de protesta por injusticias derivan en más injusticias.

Semejante dinámica, por desgracia, no hace sino profundizar el descontento social. Bien harían las autoridades del vecino país en recordar lo ocurrido en 1992 en la propia ciudad de Los Ángeles, donde 59 personas murieron y más de 2 mil resultaron heridas en una convulsión social que detonó por la absolución de cuatro policías blancos que propinaron una bárbara golpiza al motociclista negro Rodney King.

No deja de ser paradójico que ese escenario se esté reditando en el momento presente, bajo la primera presidencia encabezada por un afroestadunidense en el país vecino.