La posibilidad de que algunas de las 11 personas detenidas tras la marcha del 20 de noviembre queden en libertad y otras no –como lo sugirió en una entrevista radiofónica el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong– es un dato preocupante, pues las acusaciones de la Procuduría General de la República (PGR) son insostenibles y por tanto todos deben recuperar su libertad.

Así lo afirmaron los abogados Alejandro Jiménez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, quienes recalcaron que las detenciones están basadas en una falsa condición de flagrancia, por lo que darles auto de formal prisión a algunos o a todos los acusados sería una aberración jurídica.

En entrevista con La Jornada, Jiménez consideró que es alarmante que el titular de Gobernación sugiera que algunos de los procesados no saldrían en libertad debido a que tienen antecedentes por haber participado en otras marchas, porque eso probaría que el gobierno mantiene una vigilancia estrecha de los jóvenes que participan en movilizaciones sociales.

Creemos que las pruebas que hemos aportado todas las organizaciones sociales que acompañamos a los detenidos dejan claro que toda la acusación fue sustentada en una falsa flagrancia, en una simulación, por eso pensamos que no podría salir sólo una parte de los presos y la otra no, explicó el litigante.