Las autoridades mexicanas deben retirar los cargos desproporcionados y liberar urgentemente a los 11 jóvenes que fueron detenidos de manera injusta en dos prisiones de alta seguridad después de protestar por la desaparición de 43 estudiantes de Iguala, señaló Amnistía Internacional (AI).

De igual manera, la organización de derechos humanos también pidió una investigación inmediata sobre las denuncias de que policías los golpearon y amenazaron durante su captura.

La evidencia contra los 11 manifestantes es tan débil que es muy difícil entender por qué todavía están detenidos, sobre todo en instalaciones de alta seguridad, siendo tratados como criminales peligrosos. Tales actos plantean la cuestión de si existe un intento deliberado para desalentar las protestas legítimas, apuntó Érika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas.

Si la fiscalía persigue la investigación, debe presentar prueba suficiente en su contra, situación que no ha sucedido hasta ahora. A falta de pruebas, nunca debió acusarlos de motín, asociación delictuosa e intento de homicidio en grado de tentativa, destacó la activista.

Mejor que investiguen la desparición de los normalistas

En vez de presentar cargos infundados contra los manifestantes, la Procuraduría General de la República (PGR) debe centrarse en establecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia, indicó Guevara.

En el mismo sentido, activistas de diversas organizaciones sociales afirmaron en conferencia de prensa que los abusos cometidos por las fuerzas policiacas al término de la marcha del pasado 20 de noviembre tienen la intención de coartar el derechoa la manifestación, por lo que la respuesta de la sociedad no debe ser arrinconarse en sus casas, sino seguir movilizándose y exigir la libertad de las 11 personas enviadas a penales de máxima seguridad y el castigo para los responsables de dichos atropellos.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México –quien fue agredido ese día junto con su familia–, enfatizó que manifestarse no es delito, y no podemos arrinconarnos en nuestras casas por miedo a que la policía reprima de nuevo.

Miguel Concha, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que la represión en contra de los asistentes al mitin del Zócalo es parte de un fenómeno de desvío de poder, en el cual las instituciones dejan de cumplir la labor que las leyes les señalan y se ponen al servicio de intereses políticos y económicos que no se explicitan.

Jesús González, coordinador de comunicación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, recordó que él y otros dos activistas agredidos ya interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y llamó a investigar la identidad de los grupos que se reivindican como anarquistas, cuya aparición en marchas genera actos de violencia.

Destacó que desde hace al menos dos años hay información sobre estos colectivos, pero los han consecuentado, pues hasta la fecha las autoridades no han actuado para detenerlos.