as más recientes críticas formuladas por Felipe Calderón Hinojosa a la situación del país en materia de seguridad y justicia propiciaron ayer una escaramuza verbal entre el ex presidente panista y el dirigente nacional priísta, César Camacho Quiroz, quien pidió al michoacano ser autocrítico y sostuvo que estamos viviendo las secuelas de la absurda guerra en la que involucró al país.

En sentido estricto, el señalamiento referido es acertado, en la medida en que la violencia que se vive actualmente en el país tiene como precedente y detonante la torpeza, imprevisión e irresponsabilidad con que la pasada administración federal pretendió hacer frente a los organismos delictivos, mediante despliegues militares que sólo multiplicaron la violencia y a un costo altísimo para la soberanía y la seguridad nacionales.

No obstante, la declaración citada es cuando menos criticable en voz del presidente priísta, si se toma en cuenta que, durante el sexenio de Felipe Calderón, su instituto político no pudo o no quiso ejercer un contrapeso a la desastrosa conducción de la política de seguridad. Más aún, con el retorno del PRI a la Presidencia de la República, y ante la evidencia de los saldos desoladores que ha arrojado esa política de seguridad, el líder del tricolor recupera los mismo pretextos usados en su momento por Calderón, como el achacar la responsabilidad de la actual crisis a los gobiernos anteriores.

Ahora bien, las declaraciones de Camacho chocan en los hechos con un gobierno, el encabezado por Enrique Peña Nieto, que se ha caracterizado por seguir la misma línea de acción fallida que su antecesor y por haber obtenido, al cabo de dos años de gobierno, resultados similares, agravados por el recrudecimiento de acciones represivas en contra de disidencias políticas y sociales.

Cabe preguntarse si las declaraciones del dirigente priísta –quien para todo efecto práctico es un vocero del gobierno federal, al más puro estilo del viejo presidencialismo– implican un deslinde y el anuncio de nuevo rumbo en materia de seguridad por parte de la actual administración o si sólo son parte de la verborrea político-partidista en vísperas del inicio de un año electoral.

En un escenario que se caracterizara por el ejercicio responsable del poder, el deslinde priísta respecto de las políticas calderonistas no sólo implicaría una redifinición real de la estrategia de seguridad y justicia que vaya mucho más allá del acto cosmético e insustancial del pasado jueves, sino también el deslinde de responsabilidades por la actual crisis de seguridad, incluyendo las del ex mandatario panista. Si esto fuera así, el régimen de Peña Nieto tendría que poner fin al arreglo de impunidad que ha caracterizado a los presidentes tanto priístas como panistas en beneficio de sus antecesores en el cargo.