Más de la mitad de los 33 candidatos inscritos en el Senado para contender por el cargo de Fiscal Anticorrupción son o han sido funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), y dos de ellos han enfrentado señalamientos sobre posibles conflictos de interés y abuso de poder.

Al respecto, la secretaria de la Comisión de Justicia, la senadora Arely Gómez, responsable de transparencia en esa cámara, dijo que aún no revisan los perfiles de los aspirantes, ya que, de hecho, el plazo para que los candidatos se inscribieran concluyó este viernes, pero lo harán con detenimiento y cuidado, porque además de que se requiere un abogado con experiencia en el combate a la corrupción, debe ser un profesional honorable y probo.

La senadora priísta comentó que el dictamen tiene que estar listo el próximo 8 de diciembre, para que puede aprobarse ante el pleno en este periodo de sesiones que concluye el día 15. Coincidió con el panista Roberto Gil Zuarth y Pablo Escudero, del Verde, de que podrían declarar desierta la convocatoria si no encuentran el perfil adecuado.

Antecedentes de aspirantes

En la lista de aspirantes está Jorge Antonio Luna Calderón, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la PGR, cargo que asumió en febrero de 2013. Meses después, en septiembre, se le responsabilizó de un presunto conflicto de interés, ya que tenía a su cargo una investigación contra ex funcionarios de la Sociedad Hipotecaria Federal, pese a que fue abogado defensor de los denunciados.

Luna Calderón fue fiscal especial de Delitos cometidos por servidores públicos de la PGR, entre 1991 y 1993, y director de Asuntos Internacionales de esa dependencia, de 1989 a 1990.

También se inscribió Victoria Pacheco Jiménez, quien actualmente se desempeña como directora general adjunta de Asuntos Jurídicos, Control y Seguimiento, en la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

También fue subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, de 2011 a 2012, y su actuación cuestionada, sobre todo por el caso de los diplomáticos estadunidenses, presuntamente emboscados por policías federales el 24 de agosto en un paraje de Huitzilac, Morelos.

Los 14 policías federales involucrados están presos desde entonces en penales de alta seguridad y sus abogados responsabilizaron a Pacheco Jiménez de haberlos presionado para que se declararan culpables y de permitir que en el interrogatorio que llevó a cabo el agente del Ministerio Público estuvieran presentes agentes del FBI y personal de la embajada de Estados Unidos.

También compiten por el cargo Antonio López Ramírez, catedrático y encargado de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, que depende de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la PGR. Igualmente, Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional, de la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.

Otro de los aspirantes que laboran en la PGR son: Mario Velasco Torres de la Vega, director de Cooperación Multilateral y Derechos Humanos; Laura Patricia Luna, directora adjunta en el área de relaciones intenacionales.

Asimismo, aspiran a ser fiscales el general en retiro José Luis Chávez, que fue procurador de Justicia Militar; el panista Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, y el titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Rafael Estrada Michel.