En México ni las autoridades federales ni estatales dan importancia al desplazamiento forzado por la inseguridad, advirtieron expertos en la presentación del libro Desplazamiento interno inducido por la violencia: Una experiencia global, una realidad mexicana, de la investigadora Laura Rubio Díaz-Leal y editado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el ITAM.

Rubio Díaz-Leal comentó que ni si quiera existen cifras respecto a cuántas personas han huido por la amenaza del crimen organizado y precisó que un cálculo muy conservador apunta a que serían 170 mil.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío advirtió que en esta situación los afectados no tienen la posibilidad de plantear un juicio. No es solo el hecho de salir del lugar en el que uno quisiera estar y con los que uno quisiera estar, sino es salir para encontrarse en una situación extraordinariamente compleja.

Lo que no se nombra no existe

Resaltó la poca atención que el Estado le da a este problema. Estamos hablando de un problema muy grave... Estamos hablando de secuestrados, de decapitados, de un conjunto de fenómenos gravísimos que empiezan a tener nombre, pero los desplazados siguen sin nominarse y sabemos que lo no nominado no existe. Este es un reclamo del libro; empecemos a nombrar este fenómeno; una vez que lo nombremos empecemos a construirlo social y jurídicamente y empecemos a enfrentarlo, concluyó.

José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la CMDPDH, señaló a La Jornada que dicha cifra es un numero que se queda muy corto, pues un estudio del Consejo Noruego para Refugiados habla de 130 mil desplazados nada más en Ciudad Juárez. El Inegi a través de las encuestas puede averiguar de dónde vienen las familias, si se movió, por qué razones y cuándo.

Subrayó que los legisladores deberían instaurar una ley, pero lamentablemente el Congreso no ha querido legislar en la materia, debería haber una ley con un mecanismo gubernamental que estableciera políticas y programas para la prevención y atención de las víctimas del desplazamiento.

Dijo que el gobierno no quiere reconocer que tiene un problema serio de desplazamiento interno forzado, porque se tendría que reconocer que hay violencia generalizada en algunas partes del país o violaciones de derechos humanos o conflicto armado, y cualquiera de estas razones demuestra la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad pública y la del aparato de justicia para investigar, procesar y castigar a los delincuentes, y eso no lo quiere reconocer el gobierno.

Aseguró que el problema de los desplazados se le ha ido de las manos al gobierno, aunque ni siquiera quiera reconocer el asunto como tal. Los gobiernos tienen frente a si familias de desplazados que les piden tomar medidas para garantizar sus derechos y no hacen nada ni a nivel federal ni estatal.

Esperanza Hernández Lugo, víctima del desplazamiento forzado y representante de familias que han sufrido esta situación en el municipio de Sinaloa de Leyva, en Sinaloa narró cómo desde 2011 en dicho lugar grupos armados empezaron a patrullar, a amedrentar y a matar, además que amenazaron con reclutar a los vecinos, por lo que tuvimos que huir, ya estábamos enfermos de los nervios, perdimos pertenencias, animales, casas y tierras.

Comentó que buscaron apoyo del gobernador y a tres años no hay respuesta, porque niega el problema. Comentó que en su comunidad fueron desplazadas 600 familias.