A unas horas de que se apruebe la nueva ley de juegos y sorteos, una organización civil que pugna por mayor control y/o eliminación del juego con apuesta en el país advirtió que la iniciativa de ley no incluye candados suficientes para combatir el lavado de dinero.

Un sólo jugador, señala la organizacion social Di no a los casinos, puede lavar 8 millones de pesos al año, en un solo establecimiento, sin que nadie le pregunte ni su nombre.

Aprobar esa ley federal sin exigir al casino la identificación física de cada cliente y registrar de manera pormenorizada lo que juega (para formar un padrón nacional de apostadores), es hacer el juego a los narcotraficantes y a la delincuencia organizada, advirtió.

La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación reportó este mes la operación de 313 casinos; adicionalmente, había 56 locales clausurados por la dependencia, 23 cerrados por autoridades locales y 55 por el permisionario.

Gobernación clausuró nueve minicasinos, al tiempo que se detectó el cierre de 35 negocios ilegales, o cambiados de lugar por el propietario.

La lista actual de permisionarios está integrada con 34 nombres de empresas, cuatro de las cuales aparecen con las autorizaciones revocadas o extintas.

Di no a los Casinos es un grupo encabezado por Daniel Olivares, quien desde la década pasada pugna por mayor control en este sector. Desde el inicio del sexenio actual ha entregado documentos a los funcionarios federales y a los legisladores con quienes se redactó la iniciativa de ley.

Advierte que un jugador puede perder todos los días en un casino 20 mil pesos sin que nadie lo identifique ni se indague el origen de los recursos.

Para evitar lo anterior, la organización propuso la creación del registro de todas las operaciones mediante el uso de tarjetas inteligentes, a fin de que la autoridad conozca cada uno de los movimientos de pérdidas y ganancias en casas de apuestas.

Sin embargo, afirma, funcionarios federales y legisladores han incurrido en omisión. Desde luego, no nos hicieron caso; quieren dejar abierto tan descomunal boquete para que se pueda lavar dinero en los casinos y que la delincuencia se nutra cobrando más vidas de soldados, marinos, policías y ciudadanos inocentes.

En tanto, los representantes de maquineros (maquinitas ubicadas en locales pequeños) siguen en el cabildeo para lograr permisos.

La vía de autorizar minicasinos fue desechada en la última fase de construcción de la iniciativa de ley.

Gobernación calcula que hay unas 150 mil máquinas, cuya actividad genera ludopatía, con efectos nocivos especialmente en niños y jóvenes, y es embrión para la comisión de delitos, según un estudio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los maquineros afirman que los estudios no son contundentes y que se requiere tomar en cuenta un peritaje que se realice de forma independiente.

La PGR retomó estudios de varios países, con base en los cuales afirma que la ludopatía está vinculada con la deserción escolar y los actos de violencia para obtener dinero.

Con un texto de 11 cuartillas, sin estudios propios, sólo citando otras investigaciones, la autoridad sugiere que se evite el acceso a las máquinas tragamonedas, las cuales –se indica de manera textual– aparte de causar una afectación sicológica en la niñez y adolescencia, misma que repercute no sólo en el aspecto familiar o económico, sino que los expone a ser captados o incorporados a las filas de la delincuencia.