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Anuncio de Moreira a días de incursión castrense en universidad

Dará gobierno de Coahuila pensiones a militares lesionados en lucha antinarco
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 1º de diciembre de 2014, p. 11

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, aseguró que los resultados del combate a la inseguridad en el estado no no habrían sido posibles sin el apoyo del Ejército mexicano, al presentar ayer, en el Congreso local, un mensaje con motivo de su tercer Informe de gobierno.

El próximo año su administración apoyará con recursos económicos la instalación de una brigada de la Policía Militar en Torreón, y en solidaridad con la entrega de los efectivos castrenses para devolver la tranquilidad a Coahuila, su gobierno extendió pensiones a las familias de soldados caídos y a quienes en cumplimiento de su deber al combatir al crimen organizado resultaron con incapacidad física.

El mandatario priísta dijo lo anterior luego de que el jueves elementos del Ejército irrumpieron en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, para tratar de ubicar a alumnos y profesores que participaron en manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Moreira Valdez y el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, consideraron que la incursión de los militares en la institución educativa fue un error, pero la comandancia regional del Ejército se disculpó con los universitarios y prometió castigar a los responsables.

En tanto, el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, anunció en un comunicado que el Ejército mexicano vigila ya todo el estado, luego de una reunión con su gabinete de seguridad pública, en la que se acordó reforzar las medidas disuasión y detección de presuntos delincuentes, ante el incremento de la violencia, producto de ajustes de cuentas entre criminales.

La decisión de que las fuerzas castrenses patrullen los 58 municipios de la entidad ocurre luego de que entre 21 y 28 de noviembre hubo oficialmente al menos 16 muertes violentas. La inseguridad se incrementó luego de que más de mil 200 policías municipales y estatales fueron despedidos por no aprobar los exámenes de control de confianza.