El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inicia hoy una nueva etapa en la que por primera vez dos mujeres coinciden en el tiempo (cinco años) que durarán en el cargo, además, ambas son magistradas federales, aunque una fue designada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Rosa Elena González Tirado) y otra por el presidente de la República (María del Carmen Hernández Álvarez).

Entre los retos que enfrenta el consejo, según la consejera Rosa Elena González Tirado, destaca el problema que enfrentan los juzgadores federales en adscripciones y procedimientos disciplinarios; éstos últimos se han convertido en procesos prolongados en los que se vulneran los derechos fundamentales de los jueces que son investigados por presuntas conductas ilícitas.

En la participación que tuvo ante los ministros de la Suprema Corte cuando fue elegida consejera –el pasado lunes– González Tirado, quien inicia oficialmente sus funciones junto con Hernández Álvarez en una sesión solemne en la sede del máximo tribunal, criticó que los juzgadores que son investigados no son informados por el CJF cuando sus asuntos son discutidos, lo que viola sus derechos, dijo.

González Tirado aseveró que el consejo es corresponsable en incrementar la confianza de la ciudadanía en los jueces y magistrados federales.

Aseveró que los cambios de adscripción como medida provisional o preventiva, provocan descontrol en la persona y en la familia del titular, que necesariamente se ve reflejado en su labor.

La magistrada Lilia Mónica López Benítez demandó una restructuración del proceso de selección de los juzgadores federales para que no sean indiferentes e insensibles al reclamo de justicia de la sociedad.

Propuso restructurar al Instituto de la Judicatura Federal (encargado entre otras cosas de elaborar y aplicar los exámenes de oposición a los aspirantes a juez y magistrado), y crear una unidad de información estratégica que diseñe diagnósticos e investigaciones para la creación –entre otras cosas– de nuevos juzgados y tribunales a partir de proyecciones de ingresos de asuntos, cargas y necesidades de trabajo, el entorno social y la estimación de riesgos.